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Cándido Simó: acuerdos judiciales pueden ser más eficaces que condenas largas

Cándido Simó: acuerdos judiciales pueden ser más eficaces que condenas largas

SANTO DOMINGO. – El abogado penalista Cándido Simó afirmó este viernes que,el manejo de los procesos judiciales en casos de corrupción debe centrarse en la recuperación económica de lo sustraído al Estado más que en la simple privación de libertad.

“El ciudadano no entiende porque le crearon la expectativa de que solo con prisión se resuelven los conflictos penales. (…), Entonces, no entiende mucho porque cómo se explica que a los pobres lo llevan a la cárcel y a los ricos, si usted confiesa y mete gente al medio, entonces ya usted no lo procesan”, explicó.

Durante una entrevista en el programa «Esperando el Gobierno» por la Z101.3 FM, Simó sostuvo que en la sociedad dominicana persiste la percepción de que la justicia solo se logra con prisión preventiva, lo cual genera frustración ciudadana cuando se aplican salidas alternativas.

El jurista recordó que el Código Procesal Penal, vigente desde hace más de dos décadas, contempla medidas distintas a la prisión, especialmente en delitos económicos. Citó como ejemplo el caso de Maxy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien confesó culpabilidad y acordó con las autoridades devolver al Estado más de 3,000 millones de pesos entre efectivo, bienes, indemnizaciones e impuestos.

En contraste, mencionó la condena a siete años de prisión de Alexis Medina, hermano del exmandatario, cuyo proceso podría extenderse durante años en apelaciones, con un alto costo para el sistema judicial y sin garantías de recuperar los fondos ilícitamente obtenidos.

Simó argumentó que, aunque la sanción moral y social es importante, el verdadero éxito en la lucha contra la corrupción se mide en la recuperación efectiva de los recursos públicos. Advirtió, sin embargo, que los acuerdos deben aplicarse con transparencia y bajo supervisión judicial, para evitar que se conviertan en mecanismos de impunidad.

Finalmente, llamó a replantear el debate social y político sobre la justicia en casos de corrupción, señalando que el castigo no siempre debe limitarse a la cárcel, sino orientarse a garantizar que “lo robado regrese al Estado y se impida que vuelva a repetirse”.