InfoexpressSAN PEDRO DE MACORÍS.- La fiscal de El Seibo, Sugeiry Güilamo Cedano presentó formal querella contra el médico anestesiólogo Downy Pacheco Castillo, residente del hospital Antonio Musa, por alegados delitos de difamación e injuria pública, luego de que este difundiera a través de redes sociales y medios digitales declaraciones en las que denunció supuestos abusos cometidos durante un allanamiento en su residencia.
De acuerdo con el documento depositado, Pacheco difundió un video el 5 de septiembre del 2025 en el que afirmó haber sido víctima de un atropello por parte de la magistrada Güilamo Cedano, a quien acusó de irrumpir en su vivienda acompañada de agentes fuertemente armados, en un procedimiento que calificó como “un error”.
En la querella, la fiscal sostiene que tales aseveraciones constituyen “comentarios injuriosos, difamatorios y carentes de sustento legal”, que atentan contra su honor, dignidad y reputación como representante del Ministerio Público.
El escrito de acusación, sustentado en los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, indica que el médico habría utilizado plataformas como YouTube e Instagram para divulgar las imputaciones, lo que según la querellante agrava la tipificación penal al tratarse de medios electrónicos de amplio alcance.
Asimismo, el documento enfatiza que los hechos atribuidos por Pacheco nunca fueron realizados por la magistrada, por lo que sus declaraciones habrían configurado el delito de difamación continuada al permanecer disponibles públicamente en redes sociales.
La fiscal Güilamo Cedano, representada legalmente por el abogado Emmanuel Rivera Rodríguez, solicitó a la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís que se inicie el proceso judicial correspondiente, alegando que existen elementos serios y concordantes que responsabilizan penalmente al médico.
El caso ahora queda en manos de las autoridades judiciales competentes, quienes deberán determinar la procedencia de la acción penal y las posibles sanciones, que podrían incluir penas de prisión y multas conforme a lo establecido en la legislación vigente.
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