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SANTO DOMINGO. – El Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Barahona impuso condenas de ocho y cinco años de prisión a los integrantes de una red de narcotráfico y lavado de activos que según las investigaciones, movió en el sistema financiero nacional RD$1,221,436,064.41 y US$96,665.41. La estructura fue desmantelada en 2023 tras operaciones de interdicción realizadas por las autoridades.
Las penas de ocho años fueron impuestas a Ruth Esther Matos (en modalidad domiciliaria), Yohan Moisés Ferreras Báez, Danny Daniel Decena y José Augusto Romero, mientras que Cristell Cuevas y Máximo Leonardo Rodríguez Pineda recibieron cinco años de prisión suspendida. Además, el tribunal aplicó un criterio de oportunidad a Yahaira Ferrera Báez, quien deberá pagar una multa de 200 salarios mínimos.
El acuerdo, homologado por el tribunal compuesto por los jueces Wanda Deñó Suero, Celina Novas Jiménez y Luis Eugenio Pérez Volquez, incluyó el decomiso de bienes de varios condenados y la disolución de la empresa “Compra y Venta de Metales del Sur” utilizada como instrumento para el lavado de activos.
El Ministerio Público, representado por los fiscales José Manuel Calzado y Pedro Medina informó que la red operaba mediante un complejo esquema de tráfico internacional de drogas desde la región sur del país. Durante un operativo de interdicción ejecutado el 10 de julio de 2023, fueron incautados 245 paquetes con 254,080 kilogramos de cocaína clorhidratada.
Investigaciones previas también vincularon a la estructura con decomisos de 14 pacas con 446 paquetes en Juancho, Pedernales en 2013; y 285 paquetes de cocaína en la playa Caletón, Barahona en 2018. La empresa Recicladora de Plástico Compra y Venta de Metales del Sur Replacovemesur SRL registró movimientos por RD$35,829,826.76 como parte del esquema de lavado de activos.
El coronel fiscal Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto con Wellington Matos, fiscal titular de Barahona, encabezaron la investigación que permitió recabar pruebas contundentes contra todos los implicados.
Además, el tribunal dispuso que Yohan Moisés Ferreras Báez cumpla los ocho años de prisión en la cárcel de Azua, mientras que Danny Daniel Decena y José Augusto Romero cumplirán su condena en la cárcel pública de Barahona, con multas equivalentes a 200 salarios mínimos. Uno de los imputados, Cledyn Pérez Féliz, fue declarado en rebeldía.
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