SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público denunció que la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, principal acusado en el caso operación Coral, estaría utilizando presuntos problemas de salud como táctica dilatoria para evitar que avance el juicio por corrupción administrativa en su contra y de otros coimputados.
La audiencia de este lunes, en la que se esperaba continuar con la presentación de pruebas de las defensas, fue nuevamente aplazada debido a una licencia médica de 45 días presentada por Cáceres Silvestre. Su defensa solicitó que el expediente sea desglosado del proceso principal, lo que podría frenar el avance del juicio que ya se encuentra en su fase final.
El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que se pidió la conformación de una junta médica del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para comprobar la veracidad de la licencia, ya que el documento no incluye historial clínico ni detalla el procedimiento médico que justifica el prolongado reposo.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo reprogramó la audiencia para el 3 de noviembre y ordenó que la defensa aporte la documentación médica correspondiente al Ministerio Público.
El caso, que lleva más de dos años en los tribunales, se encuentra en la recta final a la espera de que las defensas concluyan su presentación y las demás partes repliquen. Desde el 29 de agosto el Ministerio Público concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas contra Cáceres Silvestre, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados en el entramado que presuntamente defraudó al Estado por más de RD$4,500 millones.
Entre las evidencias presentadas figuran 2,201 pruebas documentales, 141 peritajes, 282 declaraciones de testigos y peritos, además de 104 pruebas materiales, incluyendo armas de fuego, relojes de lujo, inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.
El expediente también detalla la existencia de 214 propiedades en distintas provincias, 86 vehículos de lujo y más de RD$28 millones y US$55 mil en efectivo, todos solicitados en decomiso. Los bienes incautados han generado ingresos superiores a RD$86 millones por concepto de alquileres y producción agrícola reclamados a favor del Estado.
El Ministerio Público acusa a Adán Cáceres, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), de liderar una red de corrupción integrada por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que entre 2012 y 2020 desvió fondos públicos provenientes del Cusep y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).


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