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SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala del Juzgado de Paz de Asuntos Municipales del Distrito Nacional ordenó el cierre ayer martes del colegio Baby First School, tras comprobarse que operaba ilegalmente en una zona residencial exclusiva del sector Los Cacicazgos.
La abogada Miriam Paulino, quien representó legalmente a la Junta de Vecinos del sector, explicó a El Nuevo Diairio que el proceso se extendió por tres años y que, pese a que existían dos sentencias previas que ordeban el cierre del centro educativo, su propietaria Jenny Jennifer Taveras López desacataba las mismas.
«Este colegio se había instalado de manera ilegal pese a las indicaciones del ayuntamiento de que no procedía, pero en el día ayer se hizo justicia y se ordenó el cierre definitivo del colegio después del término del año escolar», manifestó Paulino.
Paulino dijo que la rebeldía de Taveras López fua tan grande que antes de que se instalara en el lugar se le advirtió, como quiera lo hizo.
«Queremos hacer constar en este caso que no se trata de ir en contra de los intereses de la educación ni nada por el estilo, sino de que la calle en cuestión, la Calle Onaney no resiste ese tipo de instlación, no tiene la anchura, el diámetro, nosotros vivimos quejandonos diariamente del caos vehicular en el que estamos sometidos», puntualizó.
Recordó que ese centro educativo primero operó en el sector El Millón donde según dijo, sí estaba habilitado para operar.
«Nunca entendimos el porqué la señora Jennifer insistió en trasladarlo e instalarlo en lugar que la normativa se lo prohibía», agregó la profesional del Derecho.
La parte contraria
Por su parte, Richard Gómez, abogado defensor de Taveras López, argumentó que la normativa 1020 permite la existencia de un negocio de baja escala por cuadra y que la sentencia solo prohibía trabajos de construcción, no las operaciones regulares del colegio.
La resolución del Juzgado de Paz representa un paso importante en la defensa del carácter residencial del sector Los Cacicazgos y refuerza la acción de la comunidad organizada frente a la operación irregular de negocios en áreas residenciales.
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