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SANTO DOMINGO. – El Ministerio Público sostuvo este viernes que los abogados defensores siguen dilatando la audiencia preliminar en el proceso por corrupción administrativa seguido en contra de los exministros Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo y compartes, imputados de defraudar al Estado dominicano con más de 19 mil millones de pesos.
Conforme a la acusación derivada de la Operación Calamar, los procesados integraban una estructura que desvió la indicada suma millonaria mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, así como por sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020, expresó el organismo en un comunicado.
El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional reorganizó por cuarta ocasión el calendario establecido para la presentación de las barras de la defensa de los acusados de integrar la red de corrupción administrativa.
Durante la audiencia de este viernes la defensa de Daniel Alberto Guerrero Mena presentó un certificado médico que le indica reposo por 72 horas a uno de los miembros de su equipo.
En ese sentido, el procurador fiscal Miguel Crucey explicó que la magistrada Altagracia Ramírez les hizo una observación a estos defensores, “porque es notoria la intención de dilatar el proceso, ya que a ellos, en más de cuatro ocasiones, se le ha cambiado el orden de su participación”.
Crucey señaló que hoy iniciaron la presentación de sus alegatos de defensa, “pero la interrumpieron alegando que el abogado no se sentía bien”.
Debido a este incidente la jueza Ramírez decidió que en la audiencia del próximo jueves 27 será el turno del exministro de Obras Públicas para presentar sus argumentos. El acusado Guerrero Mena será el último.
Asimismo, el tribunal rechazó el pedimento de devolución de un vehículo de motor, hecho por la defensa de Marcial Reyes, por ser esta extemporánea.
“Sobre la petición, la magistrada señaló como una distorsión el pedimento de la barra de la defensa del acusado Marcial Reyes”, afirmó Crucey.
El Ministerio Público acusa a Marcial Reyes de asociarse con el entramado de corrupción para estafar al Estado dominicano. Reclamaba el pago de una porción de terrenos del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), argumentando la representación de personas fallecidas, falsificando y haciendo uso de documentos falsos.
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