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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El esposo de una mujer fallecida tras dar a luz en una clínica privada de Santo Domingo Este denunció públicamente una presunta negligencia médica, irregularidades administrativas y falta de respuestas por parte de las autoridades sanitarias y judiciales, en un caso ocurrido en abril de 2020 y que, según afirma, permanece sin una investigación efectiva.
De acuerdo con Yonathan López, su esposa Ruth Esther María Luna Peguero ingresó el 3 de abril de 2020 a un centro de salud, ubicado en el sector Sabana Larga, para una cesárea previamente programada. Tras el parto, la mujer presentó complicaciones respiratorias y falleció el 15 de abril, dejando un hijo recién nacido. La autopsia, según indicó, determinó como causa de muerte una neumonía basal bilateral con consolidación pulmonar.
El denunciante aseguró que, pese a que a su esposa se le atribuyó un diagnóstico de COVID-19, tres pruebas realizadas, una del centro de salud, otra de Salud Pública y una privada, resultaron negativas. Aun así, afirmó que el certificado oficial consignó COVID-19 como causa asociada, lo que considera una contradicción grave. También cuestionó la actuación de varios médicos involucrados en el caso, incluyendo al ginecólogo tratante y al personal de cuidados intensivos.
López señaló además que investigaciones realizadas por el Ministerio de Salud Pública revelaron que la clínica operaba con el permiso de habilitación vencido al momento del fallecimiento, situación que, según dijo, se repitió meses después sin que se adoptaran sanciones. Indicó igualmente que documentos médicos entregados a las autoridades presentan irregularidades, como hojas de medicación fechadas un día después de la muerte de su esposa y registros clínicos sin firmas ni sellos del personal médico.
En el ámbito judicial, el esposo manifestó su inconformidad con un fallo emitido en primera instancia a favor de la clínica, el cual calificó como “arbitrario”, al asegurar que carece de motivación jurídica. Explicó que, aunque presentó un peritaje médico legal, realizado por un especialista designado por el tribunal y avalado por el Colegio Médico Dominicano (CMD) que favorece su versión de los hechos, el proceso fue reabierto otorgando nuevas oportunidades a la defensa del centro de salud.
El denunciante afirmó que ha agotado todas las vías institucionales sin obtener respuestas claras y sostuvo que su caso evidencia fallas estructurales en el sistema de justicia y de supervisión sanitaria. “Si los casos no se hacen virales, no se resuelven”, expresó, al pedir apoyo ciudadano para visibilizar su situación.
La próxima audiencia del proceso, inicialmente pautada para enero, fue aplazada y fijada para el 4 de marzo, en el Palacio de Justicia. El esposo reiteró que continuará buscando justicia por la muerte de su pareja, a quien describió como una joven de 24 años, y por el hijo que quedó en la orfandad.
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