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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los abogados Enriquez Vallejo Garib, defensor de Jhonatan Loander Medina Reyes y Carlos Julio Martínez, representante legal de Francis Ramírez, solicitaron ante el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que sea declarada nula, la acusación presentada por el Ministerio Público contra sus clientes en el proceso que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez de liderar un presunto entramado de corrupción contra el Estado.
Dentro de su solicitud, los defensores pidieron la eliminación del sobrenombre “Medusa” del expediente, argumentando que su uso constituye una forma de estigmatización incompatible con la dignidad humana, la presunción de inocencia y el debido proceso.
Según los abogados, la incorporación deliberada y reiterada de dicho mote en escritos y actuaciones judiciales vulnera los artículos 38, 69 y 74 de la Constitución, así como el artículo 14 del Código Procesal General y el precedente constitucional establecido en la sentencia TC-225-25.
En caso de no ser acogida la nulidad total, solicitaron de manera subsidiaria la supresión inmediata, integral y definitiva del sobrenombre de todo el expediente, incluyendo documentos impresos y formatos digitales.
Asimismo, pidieron que se prohíba expresamente la mención o reiteración del mote en audiencias, escritos, intervenciones orales o cualquier actuación procesal futura, como medida preventiva para garantizar la imparcialidad judicial, la igualdad y la presunción de inocencia de sus representados.
Los togados también intimaron al Ministerio Público y a los querellantes a abstenerse de utilizar sobrenombres o etiquetas simbólicas que afecten a los imputados, advirtiendo que cualquier incumplimiento de estas medidas podría constituir una violación directa de derechos fundamentales y de las garantías esenciales del proceso penal.
El Tribunal Constitucional (TC) ordenó en abril del 2025 al Ministerio Público cesar el uso de sobrenombres o motes en los procesos judiciales, por considerar que estas denominaciones vulneran derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho al honor, la dignidad humana y el principio del juez imparcial.
La disposición se recoge en la sentencia TC/0225/25, la cual establece que términos como “Operación Medusa” o “Caso Medusa”, comúnmente utilizados por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y el Ministerio Público en general, deben dejar de emplearse en el ámbito público y judicial.
“El uso de sobrenombres asociados a presuntas operaciones delictivas induce al juez y al público a establecer juicios de culpabilidad anticipados, antes de celebrarse un juicio justo”, indica el fallo.
El Ministerio Público depositó la acusación formal Rodríguez y compartes en julio del 2022 demás contra el presunto escándalo de corrupción administrativa.
Según el órgano acusador asegura que los procesados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República que estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
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