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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Nelys Rivas, representantes legales del exprocurador Jean Alain Rodríguez acusaron este miércoles a la Procuraduría General de la República (PGR) de desacatar y desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena el cese inmediato del uso de la denominación “Operación Medusa /Caso Medusa” en el proceso judicial que se sigue contra su defendido.
Según explicaron, el desacato a la sentencia TC-05-2022-0174 de fecha 30 de abril de 2025 que dispone retirar y corregir la acusación conforme a la normativa procesal penal y al mandato constitucional, motivó que distintas defensas técnicas solicitaran ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional la nulidad de la acusación en el juicio de fondo.
Los juristas sostienen que pese a tratarse de una decisión firme y de obligatorio cumplimiento, la Procuraduría ha mantenido durante casi 10 meses una acusación que contiene el término prohibido en 12,745 ocasiones, reiterándolo en cada una de sus páginas sin realizar las correcciones ordenadas por el órgano constitucional.
Indicaron que la solicitud de nulidad no busca dilatar el proceso, sino garantizar el respeto al debido proceso, al señalar que esta acción forma parte de más de 25 violaciones procesales que aseguran han intentado denunciar durante los más de cinco años que lleva el caso, contabilizados desde el impedimento de salida del país dictado el 25 de noviembre de 2020.
Las defensas recordaron que distintos tribunales han establecido que Jean Alain Rodríguez y las demás partes no han incurrido en maniobras dilatorias, lo que —a su juicio— refuerza la necesidad de que el proceso concluya con estricto apego a la Constitución y no bajo criterios de exposición mediática.
Asimismo, argumentaron que el Tribunal Constitucional ya había determinado que el uso de dicha denominación afecta la imparcialidad de los jueces encargados de conocer el juicio, así como la dignidad humana y la presunción de inocencia de los imputados, razón por la cual ordenó su cese inmediato.
En ese sentido, señalaron que el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, reiteró públicamente el pasado 23 de enero, durante su rendición de cuentas y en presencia de representantes de la PGR, la obligación de cumplir con la sentencia. No obstante, afirmaron que el supuesto desacato persiste.
Para la defensa, este incumplimiento constituye un irrespeto institucional al máximo órgano de la jurisdicción constitucional y compromete el debido proceso, la independencia judicial y la confianza ciudadana en la administración de justicia.
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