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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los abogados del mayor general del Ejército Adán Benón Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), solicitaron este jueves ante el Primer Tribunal Colegiado que conoce el juicio de fondo, que se dicte una sentencia absolutoria a favor de su defendido, argumentando que el Ministerio Público no logró probar su participación en los hechos imputados.
En su exposición conclusiva, la defensa técnica, conformada por Cristian Alberto Martínez, Romer Jiménez, Jesús Ramos Ramos y Francisco Álvarez Aquino, pidió:
1. Absolución del general Adán Cáceres Silvestre, basándose en el Código Procesal Penal, por considerar que no se demostró su responsabilidad penal.
2. Levantamiento de cualquier medida de coerción personal que pese sobre el militar retirado.
3. Rechazo de la solicitud de decomiso de bienes presentada por el Ministerio Público
4. La devolución inmediata de los bienes secuestrados durante los allanamientos realizados en el marco del proceso.
4. Levantamiento de oposiciones, inmovilizaciones y otras medidas de coerción real sobre los bienes de Cáceres Silvestre.
En cuanto al aspecto civil, los abogados solicitaron que se rechace la querella con constitución en actor civil del Estado Dominicano presentada a través de la Oficina del Equipo de Recuperación del Estado, así como las indemnizaciones solicitadas, argumentando que carecen de fundamento legal y fáctico.
La defensa solicitó que se condene al Estado y a la parte querellante al pago de las costas procesales, (los gastos económicos) “según lo establecido por el artículo 254 del Código Procesal Penal”, debido a que, en caso de absolución, los costos adelantados por los abogados deben ser reembolsados.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene su solicitud de condena de 20 años de prisión y multa de 400 salarios mínimos contra Cáceres Silvestre.
La acusación lo vincula con un entramado de corrupción que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$4,500 millones junto a otros 47 imputados, entre personas físicas y jurídicas.
El caso involucra a oficiales de distintas instituciones de seguridad y asistencia social, incluyendo el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Entre los implicados se encuentran los generales Juan Carlos Torres Robiou, Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos Viola, así como el capitán de navío Franklin Mata Flores y José Manuel Rosario Pirón.
Este caso es calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción administrativa en la historia reciente del país, y el juicio continúa su curso ante el tribunal colegiado, que deberá decidir sobre la suerte judicial de los acusados.
El Ministerio Público solicita se le aplica a la presunta red de corrupción que estafó el erario público, condenas entres los 20, 15 y 5 años de prisión con multas de 400 y 200 salarios mínimos.
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