Organizaciones sociales protestan frente a la Procuraduría por corrupción en SeNaSa y exigen justicia sin impunidad

SANTO DOMINGO.- La Coalición por la Seguridad Social Digna junto a diversas organizaciones sociales, realizó un plantón frente a la Procuraduría General de la República para exigir justicia en el caso SeNaSa, denunciando presuntos actos de corrupción y la «mercantilización del derecho a la salud».

Las organizaciones demandan una investigación exhaustiva sobre la malversación de fondos públicos en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que según afirman, han beneficiado intereses privados y prácticas clientelares en detrimento de la población afiliada, especialmente la más vulnerable. Exigen sanciones ejemplares para los responsables, incluyendo funcionarios, empresarios y lobistas.

Los manifestantes exigen verdad, justicia plena y oportuna, castigo a todos los responsables de defraudar al SeNaSa, restitución de los recursos públicos sustraídos, reparación integral a las víctimas afectadas y rendición de cuentas de las entidades responsables de regular y fiscalizar el sistema de salud y seguridad social.

Las entidades denunciantes han manifestado su respaldo a las investigaciones en curso y demandan que el proceso sea llevado “hasta sus últimas consecuencias”.

Según las organizaciones, “la corrupción en SeNaSa no es un hecho aislado, sino la expresión de un sistema capturado por intereses financieros que han convertido la salud en un negocio”, afirman, añadiendo que esta situación forma parte de un entramado estructural en el Sistema Dominicano de Seguridad Social, donde se lucran miles de millones de pesos anualmente a costa de los derechos de la ciudadanía.

Además, denunciaron la falta de fiscalización efectiva y exigieron que se investigue a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) privadas para esclarecer el alcance total de las irregularidades.

La Coalición por la Seguridad Social Digna contó con el apoyo de organizaciones como Ciudad Alternativa, el Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT), Unión Clasista de Trabajadores (UCT), Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (Asodifimo), Escuela Multitemática, Red Urbano Popular (RUP) y el Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (Mopesep).

También se sumaron la Articulación Nacional Campesina, la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (Conamuca), el Movimiento campesino de las Comunidades Unidas, la Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (Codonbosco), el Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos Alexis Rafael Peña (Ircap), el Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (Cepatode), la Red de Organizaciones del Barrio 27 de Febrero (ReoCofe), Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (Acadisando), el Frente de Desarrollo Comunitario Luz Concepción, Club María Auxiliadora, la Junta de Desarrollo Comunitario La Cuaba, Movimiento campesino de las Comunidades Unidas, Junta de Vecinos Los Uno, Comité de Desarrollo Comunitario Mejoramiento Social, Frente de Desarrollo Comunitario El Caliche, Coordinadora Popular Nacional (CPN), Juventud Caribe, Fundación Expresión Arte Salud y Género (Fearsage) y la Federación Sindical Mundial (FSM), entre otras.

En un documento de prensa, las organizaciones hicieron un llamado a la ciudadanía a movilizarse y exigir al Congreso Nacional y al Gobierno dominicano no solo sanciones en este caso, sino una transformación estructural del sistema de seguridad social.

“La salud es un derecho, no un negocio. No puede seguir siendo fuente de lucro ni de corrupción, bajo ninguna modalidad”, concluyeron, advirtiendo que el problema de fondo radica en un modelo que permite la privatización de los derechos fundamentales y el uso indebido de los recursos públicos.