InfoexpressLA ROMANA .-El Ministerio Público depositó formal acusación penal contra los presuntos integrantes de la estructura criminal desmantelada mediante la Operación Guepardo, señalada de cometer lavado de activos y estafa electrónica en perjuicio de cientos de personas, dentro de un esquema fraudulento vinculado al sector inmobiliario.
La acusación fue presentada a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana, que imputan de manera individual a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.
Asimismo, el expediente incluye a las razones sociales Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas por el órgano acusador como supuestos vehículos utilizados para canalizar fondos de origen ilícito dentro de la estructura investigada.
De acuerdo con el Ministerio Público, el expediente acusatorio establece la existencia de 426 víctimas afectadas por la supuesta red criminal y está sustentado en más de 1,660 elementos de prueba, entre ellos evidencias documentales, materiales, periciales, ilustrativas y audiovisuales.
Según la acusación, estas pruebas permiten reconstruir el funcionamiento interno de la estructura, la ruta del dinero presuntamente obtenido de manera fraudulenta y la participación atribuida a cada uno de los imputados. Aunque reportes judiciales publicados en etapas anteriores del proceso hablaban de más de 120 querellantes y luego de una cifra superior, la acusación formal eleva ahora el número de afectados identificados por el órgano persecutor.
La investigación fue desarrollada por los fiscales Claudio Cordero, en representación de la Procuraduría Antilavado, y Mayerling Rondón, por la Fiscalía de La Romana, quienes encabezaron las diligencias investigativas, los análisis financieros y la recopilación probatoria que sirvieron de base para la acusación formal.
El proceso judicial se encuentra ahora a la espera de que sea apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana competente para conocer el caso y fijar la audiencia preliminar, fase en la que el tribunal deberá evaluar la acusación y las pruebas aportadas para determinar si procede la apertura a juicio.
Las autoridades recordaron que la Operación Guepardo fue puesta en marcha en febrero de 2025, con apoyo de organismos de investigación y mediante una serie de allanamientos e incautaciones ejecutadas en distintas localidades vinculadas al caso.
La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez, responsables de la Procuraduría Especializada Antilavado y de la Fiscalía de La Romana, respectivamente, sostuvieron que la acusación representa un avance importante en la persecución de estructuras que operan mediante esquemas inmobiliarios fraudulentos y mecanismos de blanqueo de capitales.
El Ministerio Público indicó, además, que las investigaciones siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otras personas presuntamente vinculadas a la red, llevarlas ante la justicia y procurar una respuesta integral para las víctimas afectadas por el supuesto entramado fraudulento.
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