Pepca afirma no procede extinción penal en juicio contra generales, coroneles y civiles
InfoexpressSANTO DOMINGO.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, aseguró este martes que “bajo ningún concepto” procede declarar la extinción de la acción penal en el caso contra generales, coroneles y civiles, como han solicitado algunas defensas de los imputados.
Ortiz explicó que la extinción de la acción penal no puede ser vista como un simple cálculo matemático basado en el transcurso del tiempo.
En ese sentido, precisó que deben evaluarse factores como la complejidad del proceso, la conducta de los imputados y el principio de razonabilidad del plazo, conforme a lo establecido en la normativa procesal penal.
La procuradora destacó que se trata de un caso complejo, declarado como tal por los tribunales, y en el cual, afirmó, el 90 % de las dilaciones ha sido provocado por los propios imputados.
Recordó además que solicitudes similares de extinción han sido rechazadas anteriormente tanto por el tribunal apoderado, como por la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia.
En ese contexto, Ortiz reiteró que no existe base legal para declarar extinguida la acción penal en este proceso, al tiempo que acusó a la defensa de intentar posicionar esa teoría tanto en los tribunales como en la opinión pública.
“Bajo ningún alegato este proceso puede ser declarado extinto”, enfatizó.
Entra las defensa técnica que han solicitado la extinción penal por vencimiento de plazos se encuentra la del general Juan Carlos Torres Robiou, el general Adán Cáceres Silvestre, el coronel Rafael Núñez de Aza y imputado Epifanio Peña Lebrón, entre otros.
Este caso gira en torno a un presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado mediante el desvío de fondos públicos a través de nóminas irregulares, pagos indebidos y otras maniobras fraudulentas dentro de instituciones del Estado.
Según el Ministerio Público, este esquema permitió el robo de millones de pesos del erario, beneficiando a militares y civiles vinculados a la estructura, lo que ha convertido el proceso en uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana.
El alegado hurto supera los 4,500 millones de pesos.
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