InfoexpressSANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó este martes al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la pretensión del general Adán Cáceres Silvestre y demás imputados de declarar la extinción de la acción penal en el proceso por presunta corrupción administrativa vinculado a las operaciones Coral y Coral 5G.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fue enfática al señalar que la solicitud de la defensa no tiene fundamento legal. “Bajo ningún concepto procede en este proceso declarar la extinción penal”, afirmó.
Ortiz explicó que durante la audiencia el órgano acusador desmontó los argumentos de la defensa, los cuales —según indicó— también han sido promovidos en la opinión pública. En ese sentido, precisó que la extinción de la acción penal no responde a un simple cálculo de tiempo.
“No es que llegado un plazo de cuatro años, se extingue el proceso; hay factores como la complejidad del caso y la conducta de los imputados que inciden en esa determinación”, sostuvo.
La representante del Ministerio Público agregó que se trata de un proceso complejo y que la mayoría de las dilaciones han sido provocadas por los propios imputados, por lo que descarta que proceda la extinción.
Asimismo, recordó que el tribunal ya ha rechazado en dos ocasiones ese mismo planteamiento, criterio que también ha sido respaldado por instancias superiores como la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia.
Durante la audiencia, el Ministerio Público también solicitó el rechazo de una nulidad planteada por la defensa y defendió la legalidad de la incautación de un inmueble vinculado al caso, al asegurar que no constituye una violación de derechos contra una congregación religiosa.
El tribunal aplazó el conocimiento del juicio para el próximo 14 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana.
En este proceso, el Ministerio Público ha solicitado penas de hasta 20 años de prisión y multas de entre 200 y 400 salarios mínimos contra los principales implicados, acusados de integrar una red que habría sustraído más de RD$4,500 millones al Estado dominicano.
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