InfoexpressSANTO DOMINGO. – Un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo confirma avances relevantes en la transformación institucional del sistema de justicia en la República Dominicana, destacando mejoras en digitalización, eficiencia y capacidad resolutiva, aunque advierte sobre desafíos estructurales que aún limitan el acceso efectivo para la población.
El informe, titulado “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, subraya que el país ha logrado posicionarse como un caso positivo a nivel internacional. Según el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, la nación ocupa el puesto 76 de 143 países, con una mejora del 2.1% en su puntuación, en contraste con un contexto global de deterioro institucional.
Digitalización impulsa eficiencia judicial
Entre los principales avances figura la implementación de la Ley núm. 339-22, que regula el uso de medios digitales en procesos judiciales. Más de 3 millones de documentos han sido firmados digitalmente, y cerca del 66% de los trámites ya se procesan electrónicamente.
Además, el sistema ha reducido en 21.6 días el tiempo de resolución de casos y alcanza una tasa promedio de solución del 94.9%. Sin embargo, persisten diferencias territoriales: mientras el Distrito Nacional registra un 100.5% de resolución, provincias como Santo Domingo y Montecristi presentan cifras menores, evidenciando desigualdades operativas.
El informe enfatiza que el acceso a la justicia depende no solo de normas, sino también de factores como proximidad geográfica, disponibilidad de servicios y capacidad de respuesta local.
Persisten barreras de acceso y recursos limitados
Pese a los avances, el estudio identifica obstáculos importantes. Un 36.3% de usuarios reportó dificultades en sus procesos, señalando demoras, costos legales y deficiencias en la atención como principales problemas.
Asimismo, siete de cada diez personas desconocen los servicios digitales disponibles, lo que limita su uso y el potencial de la modernización tecnológica.
Desde la perspectiva de profesionales del derecho, las principales trabas incluyen el desconocimiento de derechos, los costos procesales y la duración de los casos. A esto se suman limitaciones en recursos: la densidad de jueces bajó de 7.4 a 6.6 por cada 100 mil habitantes entre 2021 y 2025, mientras que el presupuesto del Poder Judicial se redujo del 1.05% al 0.87% del gasto nacional.
El informe concluye que fortalecer el sistema judicial debe asumirse como una inversión estratégica para el desarrollo humano, en línea con metas nacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, proponiendo mayor articulación institucional, uso de datos y políticas diferenciadas según las realidades regionales.
Se trata de un periódico dirigido por profesionales que se han unido con la finalidad de llevar la información a tiempo y con apego a la ética, la responsabilidad y los aspectos de este tiempo que requiere el ejercicio periodístico.