InfoexpressSanto Domingo.– La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia conoce este miércoles el recurso de apelación interpuesto por la defensa del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de presuntamente recibir un soborno de 10 mil dólares de un testigo vinculado al caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Valdez Alcántara se encuentra en la sala de audiencia mientras los jueces evalúan el recurso presentado contra la decisión de la jueza de instrucción especial Isis Muñiz, quien le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción.
El imputado, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cumple actualmente la medida cautelar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.
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De acuerdo con el expediente instrumentado por el Ministerio Público, el fiscal habría recibido dinero en efectivo de manos del testigo Roberto Canaán en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Senasa.
Al motivar la imposición de la medida de coerción, la jueza Muñiz estableció que, una vez se concretó la entrega del dinero, la acción pasó a la fase de tentativa, configurándose una situación de flagrancia que obligaba a las autoridades a intervenir para asegurar las pruebas e impedir que el sospechoso saliera de la vigilancia controlada previamente autorizada por la autoridad competente.
En relación con el allanamiento cuestionado por la defensa, la magistrada indicó que la autorización judicial estaba dirigida específicamente al domicilio del investigado, Aurelio Valdez Alcántara, y destacó que los propios abogados del imputado admitieron que la diligencia fue ejecutada en su residencia.
Respecto al peligro de fuga, la jueza recordó que, además de elementos como domicilio fijo, identificación, solvencia laboral, social, familiar y económica, los tribunales deben valorar otras circunstancias directamente vinculadas con el hecho punible objeto de investigación para determinar la necesidad de imponer una medida cautelar.
En la audiencia de apelación, el Ministerio Público está representado por Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a los procuradores fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez. El conocimiento del recurso está a cargo de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena.
La audiencia se desarrolla en la Suprema Corte de Justicia, donde las partes presentan sus argumentos sobre la legalidad y pertinencia de la prisión preventiva impuesta al representante del Ministerio Público.
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