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Puerto Rico.- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, anunció este jueves que emitirá una orden ejecutiva para declarar un estado de emergencia en toda la isla debido a la sequía, decreto que será firmado el próximo lunes tras reunirse con el Comité de Sequía y un grupo de alcaldes.
Actualmente, solo rige una orden de emergencia para los municipios de Loíza, Canóvanas y Río Grande, los cuales cuentan con un sistema de interrupciones programadas en el servicio.
La nueva orden ejecutiva congelará los precios de productos esenciales como cisternas y equipos de instalación, y viabilizará la activación de la Guardia Nacional, la agilización de compras, el uso de tecnología, reembolsos y el acarreo de agua.
La mandataria reconoció que el panorama en los abastos de agua se ha agravado a causa del fenómeno de El Niño, particularmente en el embalse de Carraízo, que abastece a unos 180,000 clientes en San Juan, Carolina, Trujillo Alto y sectores de Canóvanas, Dorado y Juncos.
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Este embalse salió de la fase de observación, lo que obliga a monitorear el nivel para realizar ajustes y extender su vida útil.
Ante la falta de pronósticos de lluvia suficiente para las próximas dos semanas, la gobernadora instó a los residentes de los municipios afectados a moderar el consumo de agua y evitar prácticas como el lavado de vehículos o el uso de mangueras en aceras y marquesinas.
Asimismo, indicó que no existe por el momento un plan de interrupciones programadas a nivel general.
En la zona sur, la falta de agua afecta el sector agrícola, por lo que el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio otorga incentivos de hasta $5,000 a los comercios afectados.
Las proyecciones climatológicas apuntan a un aumento en las precipitaciones para el mes de septiembre.
La administración estatal aseguró que las medidas preventivas actuales distancian la situación actual de la sequía registrada entre 2014 y 2015.
Estas declaraciones fueron emitidas durante la inauguración de los Centros Integrados de Servicios de Salud en Isabela, obra completada con una inversión de $10 millones en fondos propios.
En la actividad participó el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera, con quien abordó gestiones para lograr la reautorización de fondos federales que expiran en octubre del próximo año.
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