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Lima.- La Justicia de Perú anuló el juicio por lavado de activos seguido contra Nadine Heredia, la esposa del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) que se encuentra asilada en Brasil, y dejó sin efecto, al igual que con su cónyuge, la condena de 15 años de prisión que recibió por presuntos aportes ilegales en las campañas electorales del exgobernante.
La información fue revelada este jueves por el abogado de Heredia, Wilfredo Pedraza, quien señaló que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dictó un auto excepcional declarando la «nulidad constitucional» de todo el proceso por lavado de activos contra Humala y lo hizo extensivo «a todas las personas comprendidas en ese proceso».
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«Se cierra así más de 11 años de pura arbitrariedad», expresó Pedraza en su cuenta de la red social X, en la que compartió la resolución de la Sala de Apelaciones.
En su resolución, la corte recordó que el Tribunal Constitucional declaró fundada una demanda de habeas corpus promovida por Humala y ordenó su excarcelación tras anular todo el proceso penal seguido en su contra, una medida que se ejecutó el pasado 31 de julio.
En tal sentido, en esta ocasión declaró fundados los pedidos de extensión de efectos presentados a favor de Heredia, su madre Antonia Alarcón, su hermano Ilán Heredia, el excongresista Santiago Gastañadui y otras cinco personas implicadas en el manejo de fondos de campaña del Partido Nacionalista, fundado por Humala y su esposa.
La sala ordenó el archivo definitivo del proceso penal y el levantamiento de las órdenes de captura, requisitorias, restricciones personales, y medidas coercitivas que deriven del juicio en contra de los anteriormente acusados.
El caso por lavado de dinero contra Humala se basaba en la presunta financiación irregular de sus campañas electorales de 2006 y 2011 al no haber declarado supuestos aportes de dinero del chavismo y de la constructora brasileña Odebrecht, respectivamente, lo que le llevó a ser condenado a 15 años de cárcel.
Sin embargo, el TC estableció en julio pasado que todo el proceso carecía de validez debido a que la ocultación de donaciones para las campañas electorales no era considerada un delito en el momento de los hechos y que la Fiscalía tampoco había logrado establecer las consideraciones necesarias para configurar un lavado de dinero en esas operaciones.
Al salir del penal de Barbadillo, la prisión construida en Perú exclusivamente para albergar a expresidentes, donde permanecen actualmente Alejandro Toledo (2001-2006), Martín Vizcarra (2018-2020) y Pedro Castillo (2021-2022), Humala dijo que habían sido «víctimas de una persecución política y judicial».
«El 15 de abril de 2025 (cuando fue sentenciado) fui secuestrado por el Estado», aseguró.
Humala se quejó de que, a raíz de la sentencia, tuvo que asilar a su esposa en Brasil, donde se encuentra desde abril de 2025, y sacar a sus hijos del país.
Adicionalmente, el exmandatario también estuvo recluido en prisión preventiva por el mismo caso durante diez meses entre 2017 y 2018, una medida que también fue revocada por el Tribunal Constitucional en su momento.
A raíz del fallo a favor de Humala, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, que también fue beneficiada en un caso similar gracias a una resolución del Tribunal Constitucional, afirmó que su país vive «en un estado de derecho» y se tenía que acatar la orden que excarceló a su exrival electoral.
El caso judicial de Nadine Heredia y Ollanta Humala en Perú
El caso contra Nadine Heredia y Ollanta Humala se remonta a las investigaciones sobre el financiamiento de las campañas electorales del Partido Nacionalista Peruano en 2006 y 2011. La Fiscalía sostuvo que la agrupación recibió aportes de origen ilícito que posteriormente habrían sido incorporados al sistema financiero, lo que dio lugar a la acusación por lavado de activos. En abril de 2025, el Poder Judicial peruano condenó a ambos a 15 años de prisión efectiva por lavado de activos agravado.
La sentencia señaló que durante las campañas existieron aportes que no fueron reconocidos por varios de los supuestos donantes. Para la campaña de 2006, el tribunal identificó 1.574 millones de soles en aportes no reconocidos, mientras que para la campaña de 2011 determinó que otros 4.329 millones de soles correspondían a aportes que tampoco fueron reconocidos por quienes figuraban como contribuyentes. El juicio contó con la participación de unos 220 testigos entre los propuestos por la Fiscalía y la defensa.
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