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La organización respaldó además los mecanismos utilizados por el INABIE para evaluar a los oferentes y determinar si cuentan con la infraestructura necesaria para responder a las cantidades requeridas por el Estado.
ADOCALZA destacó particularmente la incorporación de una metodología que relaciona la capacidad productiva declarada por cada empresa con sus condiciones reales de producción, incluyendo infraestructura, maquinaria y personal disponible.
La asociación afirmó que sus miembros adjudicados en el proceso INABIE-MAE-PEUR-2026-0003 cuentan con fábricas, equipos, trabajadores y experiencia acumulada para cumplir con los contratos asignados.
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Según explicó, estas empresas mantienen operaciones durante todo el año, lo que les permite conservar empleos formales y mantener una capacidad de producción disponible para atender los pedidos estatales dentro de los plazos establecidos.
La organización también hizo una distinción entre las empresas dedicadas a la importación, distribución o comercialización de calzados y aquellas que los fabrican en territorio dominicano.
“Un fabricante debe poder demostrar dónde produce, qué maquinaria posee, con qué personal cuenta y cuál es su capacidad instalada. Esa realidad puede ser verificada físicamente”, sostuvo ADOCALZA.
La asociación consideró además que los cuestionamientos surgidos en procesos anteriores de adquisición no deben trasladarse automáticamente al proceso correspondiente al año escolar 2026-2027, debido a que este incorpora mecanismos y criterios de evaluación diferentes.
En ese sentido, planteó que cualquier duda sobre la capacidad de una empresa debe ser comprobada de manera individual mediante la verificación de sus instalaciones, equipos y personal, en lugar de extender cuestionamientos particulares a toda la industria nacional.
ADOCALZA aseguró que no busca un trato preferencial para sus miembros ni adjudicaciones automáticas, sino que los fabricantes sean evaluados de acuerdo con su capacidad productiva real.
La asociación sostuvo que la participación de fabricantes nacionales en las compras públicas también tiene incidencia sobre el empleo formal y la actividad de la cadena productiva vinculada al sector del calzado.
“Cuando el Estado compra a un fabricante que realmente produce en República Dominicana, no solamente adquiere un producto: respalda empleos formales, inversiones, empresas y una cadena productiva nacional”, afirmó la organización.
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