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Ya no hay fusión MINERD-MESCyT; nuevo plan para transformar la educación

Panorama Nacional. Durante meses, la palabra que dominó la discusión sobre el futuro de la educación dominicana fue fusión. La propuesta de unir el Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) provocó rechazo entre distintos sectores, especialmente en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), que cuestionó la iniciativa y pidió que cualquier cambio al sistema educativo fuera discutido ampliamente. Pero la fusión ya no es el camino.

El presidente Luis Abinader dejó sin efecto el Decreto 580-24, que había creado una comisión para trabajar en la integración administrativa y legal de ambos ministerios, y lo sustituyó por el Decreto 309-26, emitido el pasado 7 de mayo. La diferencia parece de nombre, pero en realidad cambia el punto de partida de la reforma.

Los ministerios no desaparecen ni se convierten, por ahora, en una sola institución. Lo que se plantea es otra cosa: revisar cómo funciona todo el sistema educativo dominicano y construir una nueva legislación que lo articule desde la educación inicial hasta la superior, es lo que ha explicado el ministro del Mescyt, Rafael Santos. 

Entonces, ¿qué va a pasar ahora?

El Decreto 309-26 crea la Comisión Ejecutiva para la Transformación Educativa, integrada por los titulares del MINERD, MESCyT y Ministerio de Administración Pública, además de la dirección general del INFOTEP. Su tarea no es ejecutar una fusión. Su tarea, de acuerdo al decreto,  es mucho más amplia: diseñar las bases de un Sistema Educativo Nacional Integral y elaborar un anteproyecto de una nueva Ley de Educación.

Para hacerlo, la comisión estuvo escuchando  a distintos sectores, revisando cómo está organizado actualmente el sistema y pasa ahora a plantear qué debe cambiar para que la educación responda no solo a las necesidades de las aulas de hoy, sino también a las del país de las próximas décadas.

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De la escuela a la universidad

La propuesta busca conectar niveles que históricamente han funcionado de manera más separada. La idea es que la educación inicial, primaria, secundaria, la formación técnico-profesional y la educación superior tengan una mayor articulación. Eso significa revisar, entre otras cosas, cómo un estudiante pasa de un nivel a otro, qué aprende, qué competencias desarrolla, qué opciones tiene para continuar formándose y cómo esa formación se relaciona con el mundo del trabajo.

El decreto ordena además considerar la conexión entre educación, formación técnico-profesional y mercado laboral, así como fortalecer la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación educativa. En términos sencillos: no se trata solamente de cambiar quién dirige la educación, sino de revisar qué se enseña, cómo se enseña, cómo se organiza el sistema y para qué se está formando a los estudiantes.

¿Y qué pasará con los ministerios?

Por ahora, MINERD y MESCyT siguen siendo instituciones separadas. El nuevo decreto no ordena la desaparición de ninguno de los dos ministerios. De hecho, ambos ministros forman parte de la Comisión Ejecutiva que  trabaja en la reforma. El propio ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía, ha insistido en que el Decreto 309-26 no contempla una fusión institucional. Sin embargo, esto no significa que la estructura institucional esté fuera de la discusión.

La comisión deberá formular recomendaciones sobre las transformaciones institucionales que sean necesarias para poner en marcha la reforma. Es decir, la fusión no está planteada como punto de partida, pero los cambios en la forma de organizar y coordinar el sistema sí forman parte de la conversación.

Una reforma que busca durar más que un gobierno

Santos Badía ha explicado que la intención es que los cambios queden establecidos mediante una legislación con una visión de largo plazo, de manera que la política educativa no tenga que reinventarse cada vez que cambie un ministro o una administración. El funcionario ha hablado de una reforma con horizonte de 20 años. Para lograrlo, la comisión debe entregar al Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley y sus recomendaciones.