Abogado de mujer que decapitó hija solicitará libertad por trastornos mentales, “como ocurrió con Pumarol”
InfoexpressSANTO DOMINGO.- El abogado de Ana Josefa García Cuello, imputada por la muerte por decapitación de su hija de seis años, informó este miércoles que solicitará ante el tribunal su puesta en libertad, alegando que padece problemas de salud mental y citando como precedente el caso de Jena Andrés Pumarol Fernández.
El jurista Julio Alberico Hernández sostuvo que su defendida no puede ser considerada penalmente responsable debido a su condición mental, indicando que “este no es un caso de mayor complicación”, sino de explicar al tribunal trastornos como la esquizofrenia, la psicosis, las alucinaciones auditivas y las denominadas “voces imperativas”.
Aseguró que a la imputada se le practicó una evaluación forense que determinó que padece una enfermedad mental, por lo que entiende debe ser puesta en libertad.
“A un enfermo mental no se le puede imputar responsabilidad penal”, afirmó.
En ese sentido, consideró correcta la decisión judicial adoptada en el caso de Pumarol Fernández, donde se aplicaron disposiciones del Código Penal sobre inimputabilidad por trastornos mentales, señalando que debe existir igualdad en la aplicación de la justicia.
Asimismo, denunció una supuesta “presión ilegal” en contra de su defendida y adelantó que interpondrá un recurso de hábeas corpus por lo que considera una prisión indebida.
“El Ministerio Público ha actuado de manera irresponsable al tipificar este caso como homicidio agravado”, expresó, al tiempo de cuestionar que se haya calificado el hecho bajo los artículos 295, 296, 297 y 304 del Código Penal, que contemplan premeditación y asechanza.
El Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este aplazó el juicio de fondo para el 30 de abril, debido, según explicó la defensa, a que el Ministerio Público no presentó adecuadamente a los testigos, lo que obligará incluso a la comparecencia de una menor de edad mediante cámara especializada.
La imputada, médico y militar, de 44 años de edad, guarda prisión preventiva por 12 meses en el centro penitenciario de Najayo, medida impuesta por el juez Leomar Cruz Quezada, del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, tras acoger la solicitud del Ministerio Público, que alegó la gravedad del hecho y falta de arraigo.
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