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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Romel Jiménez, representante legal del exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, afirmó este martes que el Ministerio Público no ha presentado pruebas que demuestren la culpabilidad de su defendido en el presunto caso de corrupción administrativa por el que se le acusa.
Jiménez sostuvo que la estrategia de la defensa ha sido demostrar ante ante el tribunal, asegurando que las imputaciones carecen de sustento probatorio.
“Lo que estamos haciendo es mostrar al tribunal qué dice la acusación y luego analizar qué pruebas ha presentado para demostrarlo. Y hasta ahora, entendemos que ninguna prueba confirma lo que el Ministerio Público alega”, expresó.
El jurista explicó que uno de los principales señalamientos contra Cáceres es el supuesto desvío de fondos provenientes de las nóminas del Cusep, sin embargo, afirmó que no existe evidencia bancaria que pruebe que dinero de esa institución haya ido a parar a personas que no trabajaban allí.
“El Ministerio Público no presentó ninguna cuenta bancaria ni reporte financiero que demuestre que fondos del Cusep terminaron en manos de personas ajenas a la institución. Hay testimonios que hablan de supuestas devoluciones de dinero, pero no existe una sola evidencia que pruebe que ese dinero provino de la nómina”, enfatizó.
El abogado dijo que cada argumento presentado por la defensa está sustentado en documentos y piezas probatorias aportadas por el propio Ministerio Público o por la Cámara de Cuentas, y no en simples alegatos.
“No nos estamos limitando a decir cosas al tribunal; cada afirmación la respaldamos con evidencia”, expresó.
Al ser cuestionado sobre la solicitud del Ministerio Público de imponer 20 años de prisión a su defendido, el abogado comparó la situación con una acusación grave que requiere pruebas igualmente contundentes.
“Usted puede acusar a alguien del delito más grave, pero eso tiene que ser demostrado. En este caso, no hay forma de imponer una pena de 20 años, ni ninguna pena, porque no se ha probado su culpabilidad”, afirmó.
Aunque reconoció que no puede garantizar el resultado del proceso, sostuvo que una sentencia ajustada a las pruebas debería conducir a la absolución de Adán Cáceres.
Posición del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó al Primer Tribunal Colegiado imponer penas de 20 años de prisión y multas de 400 salarios mínimos a los generales Adán Cáceres, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo de los Santos Viola, acusados de encabezar una red de corrupción que habría sustraído al Estado más de RD$4,500 millones, en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Pepca, aseguró que el órgano acusador ha demostrado cada imputación con pruebas documentales, testimoniales, periciales y materiales. “No tenemos ninguna duda de que este tribunal impondrá las penas solicitadas, por ser justas y ajustadas a derecho”, afirmó.
El órgano acusador informó que presentó más de 2,200 pruebas documentales, 282 testigos, 141 peritajes y decenas de evidencias materiales, incluyendo bienes inmuebles, vehículos de lujo, dinero en efectivo y armas de fuego, además de solicitar el decomiso de bienes valorados en millones de pesos.
La acusación involucra a 48 personas, entre ellas 30 personas físicas y 18 jurídicas, procesadas por supuesta asociación de malhechores, estafa, coalición de funcionarios, falsedad de documentos y lavado de activos.
También para el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola la solicitud es de condenas de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos.
Mientras que a los demás acusados los fiscales piden distribuir pena desde los cinco hasta los 15 años de reclusión mayor.
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