InfoexpressSANTO DOMINGO.- Representantes legales y propietarios de terrenos expropiados por el Estado rechazaron este lunes el informe de investigación especial emitido por la Cámara de Cuentas sobre la auditoría practicada al Ministerio de Hacienda entre agosto de 2016 y agosto de 2020, al considerar que el documento está “plagado de errores e inconsistencias”.
Los abogados advirtieron que, de no ser retirado o corregido el informe publicado en la página web del organismo, la Cámara de Cuentas podría enfrentar acciones legales por violación de derechos constitucionales y administrativos.
Las notificaciones fueron formalizadas mediante actos de alguacil dirigidos a la presidenta del órgano fiscalizador, Enma Polanco, y a los demás miembros del pleno. Las firmas responsables de las acciones son las de los abogados Alexander Navarro Rossi, Joaquín Antonio Pérez, Ángel Teófilo Sena y Pablo Benjamín Castillo, entre otros.
El documento objetado identificado como Resolución AUD 2025-0043, del 26 de septiembre de 2025 fue publicado como una versión preliminar de un informe elaborado originalmente en mayo de 2024 por la pasada gestión de la Cámara de Cuentas. Su divulgación ha provocado un amplio debate jurídico y cuestionamientos sobre la validez del proceso.
Los abogados sostienen que el órgano fiscalizador violó los artículos 21 y 26 de la Ley 107-13, al no garantizar el derecho de defensa y audiencia previa, y que además emitió afirmaciones falsas sobre la supuesta falta de documentos en varios expedientes de expropiación.
Según explicó el abogado Patricio Mañón, representante de uno de los propietarios de terrenos utilizados para la construcción del Aeropuerto Internacional de Las Américas, toda la documentación títulos, sentencias y determinaciones de herederos fue entregada a la Dirección General de Bienes Nacionales, que posteriormente los remitió a la Dirección General de Titulación, cumpliendo con los procesos legales correspondientes.
Por su parte, Navarro Rossi recordó que el Ministerio Público (Pepca) se opuso en 2022, de manera administrativa y sin orden judicial, a la ejecución del traspaso de los terrenos, situación que asegura no fue considerada en el informe.
El abogado Pablo Benjamín Castillo también rechazó las afirmaciones de la Cámara, señalando que “falta a la verdad” al indicar que fue pagado con una sentencia no definitiva. “El contrato establece claramente que el pago se realizó con la presentación del título de propiedad”, expresó, al tiempo que solicitó copia formal del informe para someter un recurso de reconsideración.
Los representantes legales insistieron en que el informe contiene datos falsos sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales en los pagos por expropiaciones, y aseguraron que los montos fueron debidamente liquidados, incluyendo un descuento de RD$36 millones en el caso de la sucesión de Elías Athalla.
Finalmente, los abogados acusaron a la Cámara de Cuentas de actuar con “irresponsabilidad institucional” al difundir un documento no definitivo ni notificado a las partes afectadas, lo que —según sostienen viola principios fundamentales de debido proceso y transparencia administrativa.
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