Caso Calamar quedará en estado de fallo del tribunal; abogados reiteran informe de auditoría sustenta acusación es falso

SANTO DOMINGO.-La jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez dejará este viernes en estado de fallo el caso Calamar, luego de escuchar las réplicas y contraréplicas de las partes involucradas en el proceso judicial.

Mientras que los abogados de la defensa sostienen que el informe de auditoría de la Unidad Antifraude de la Contraloría de la República de fecha 21 de septiembre de 2021 en que se basó la persecución en el caso Calamar, es totalmente falso.

Indican que en el caso Calamar y todas las medidas impuestas a los imputados durante más de cinco años, nacen de un
“informe” inexistente, hecho por personas “incompetentes” en el plano legal y material, que el PEPCA, por su propia prueba escrita, saba que era falso desde principios del 2022 y, ese adefesio es la única prueba de la supuesta defraudación.

Explican que el mal intencionado informe de auditoría desde abril de 2022 fue atacado en el Tribunal Superior Administrativo por el abogado Ángel Lockward, lo que conllevó que en un ejercicio de “sobervia y revanchismo”, le incluyeran como imputado en el referido caso.

La magistrada Mirna Ortíz se refirió a este tema indicando que se había solicitado la nulidad: Pero ninguna defensa de los imputados ha pedido la nulidad, sino la inconstitucionalidad y exclusión probatoria por su ilegalidad.
Expresan que la magistrada Ortíz estableció que “se ha dicho que” es un documento de trámite, pero que nadie ha sostenido eso, que es un documento interno de trámite, ha sido la postura escrita por ante los tribunales de la República, a) los supuestos auditores, b) de la misma Contraloría, c) de la Procuraduría General Administrativa y finalmente, d) del PEPCA.

“Y, si para ellos es un documento de trámite, porqué como si fuese un informe real con él que se solicitaron medidas de oposición a pago, de coerción y se formuló la acusación”, dicen los abogados
Indican que eso constituye un “fraude procesal, una desviación de poder”, y que la PEPCA a través de la magistrada Mirna Ortíz, mostró en una diapositiva la firma de los tres autores del falso informe indicando a la Jueza Ramírez que el mismo estaba firmado.

Agregan que los abogados de Ángel Lockward no se refirieron a esas firmas, sino a que el documento no tenía la única firma convalidante, que la del contralor general de la República. Sin esa firma el documento carece de valor legal para la investigación.