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Los consultados consideran que la medida es necesaria para garantizar el cumplimiento de la ley, aunque cuestionan el tiempo que tomó aplicarla. “Este gobierno llega tarde a todo”, afirmó uno de los entrevistados.
Santo Domingo.– La suspensión de los Registros de Proveedores del Estado (RPE) de diez senadores ha generado cuestionamientos entre ciudadanos, quienes consideran que la medida debió aplicarse desde el momento en que los legisladores asumieron sus funciones.
Uno de los consultados calificó como tardía la decisión y sostuvo que los funcionarios debieron solicitar desde el inicio un receso o cesantía provisional de sus actividades comerciales mientras ejercieran sus cargos públicos.
“No debió ser ahora. Debió ser tan pronto asumieron”, expresó, al considerar que la medida debió aplicarse de manera oportuna, especialmente porque los propios legisladores son responsables de crear y aprobar las leyes que deben cumplirse.
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El ciudadano también cuestionó el tiempo tomado por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) para ejecutar la suspensión, señalando que la institución debería aplicar con la misma agilidad las disposiciones a todos los proveedores del Estado.
En tanto, Danilo, otro ciudadano consultado, coincidió en que las autoridades “se tomaron mucho tiempo” para actuar y afirmó que la medida debió ejecutarse desde que los senadores asumieron sus posiciones.
“Aquí nadie está por encima de la ley. Las cosas debemos hacerlas bien”, manifestó Danilo, quien además criticó que funcionarios públicos puedan obtener beneficios mediante negocios con el Estado mientras ocupan cargos de elección popular.
Los cuestionamientos surgen luego de que la DGCP suspendiera los RPE de diez senadores, una medida que la institución ha explicado como preventiva y administrativa, conforme al régimen de inhabilidades establecido en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
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