Infoexpress
Bogotá,.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, autorizó las primeras cinco extradiciones de su Gobierno, entre ellas la de un ciudadano dominicano-colombiano reclamado por las autoridades de República Dominicana por un caso de violación sexual agravada contra una menor de edad.
La información fue divulgada este viernes por medios colombianos, que señalaron que las extradiciones fueron autorizadas mediante cinco resoluciones ejecutivas firmadas el miércoles por el mandatario, a través del Ministerio de Justicia.
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En total, las personas requeridas son investigadas por diferentes delitos y tienen al menos la nacionalidad colombiana. Los procesos involucran solicitudes de extradición formuladas por autoridades judiciales de Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá.
Entre los extraditados figura Jorge Luis Mojica Ortiz, ciudadano dominicano-colombiano reclamado por República Dominicana por un proceso relacionado con violación sexual agravada de una menor de edad.
De acuerdo con la información divulgada, Mojica Ortiz deberá ser trasladado a República Dominicana para responder ante las autoridades judiciales del país por los hechos que se le atribuyen.
Extradiciones por distintos delitos
Las otras personas incluidas en las resoluciones enfrentan investigaciones relacionadas con narcotráfico y tentativa de homicidio.
Dos de los requeridos por Estados Unidos son Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García, ambos señalados en investigaciones vinculadas al tráfico de drogas.
Suárez Calvo es relacionado por las autoridades estadounidenses con organizaciones criminales como Los Pepes y el Clan del Golfo, mientras que García es acusado de enviar cocaína hacia Estados Unidos utilizando exportaciones de frutas para ocultar la sustancia.
Otro de los investigados, Diego Alberto Londoño, será extraditado a Perú, donde enfrenta una acusación por tráfico agravado de drogas ilícitas. Según la información difundida, no registra procesos abiertos en Colombia y fue detenido a solicitud de las autoridades peruanas.
El quinto caso corresponde a Roderick Aldair Morales Delgado, quien es requerido por Panamá por una investigación relacionada con tentativa de homicidio agravado.
Primeras extradiciones del nuevo Gobierno
Las autorizaciones forman parte de las primeras decisiones de esta naturaleza adoptadas por el presidente colombiano desde que asumió el cargo el 7 de agosto.
De la Espriella ha colocado la seguridad y la lucha contra la delincuencia entre las prioridades de su administración y ha prometido una política de mayor firmeza frente a las organizaciones criminales y los grupos armados ilegales.
La extradición de Mojica Ortiz permitirá que las autoridades dominicanas continúen el proceso judicial correspondiente en territorio nacional. Una vez se concrete su traslado, deberá quedar bajo disposición de las autoridades competentes de República Dominicana.
La autorización presidencial no constituye por sí misma una condena contra los extraditados, sino que permite su traslado al país que los reclama para que enfrenten los procesos judiciales correspondientes por los hechos que se les atribuyen.
La autorización de estas extradiciones se produce en el marco de los mecanismos de cooperación judicial entre Colombia y los países que han solicitado la entrega de los investigados. Estos procedimientos permiten que personas requeridas por tribunales extranjeros puedan ser trasladadas para responder ante los procesos abiertos en su contra.
En el caso de Jorge Luis Mojica Ortiz, la solicitud de República Dominicana está relacionada con una investigación por violación sexual agravada contra una menor de edad. Su eventual traslado permitirá que el proceso continúe ante las autoridades dominicanas y que el requerido responda por los hechos que se le atribuyen.
Las autoridades colombianas deberán completar ahora los procedimientos administrativos y de seguridad necesarios para materializar las entregas. El proceso de extradición contempla coordinaciones entre las instituciones encargadas de ejecutar los traslados y las autoridades del país solicitante.
Las cinco decisiones también reflejan la intención del nuevo Gobierno colombiano de mantener la cooperación internacional en la persecución de delitos considerados de alta gravedad, especialmente aquellos relacionados con el narcotráfico, la violencia y el crimen organizado.
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