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Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 y 10 años de prisión a dos hombres hallados culpables del asesinato del primer teniente de la Policía Nacional Joel González Lora durante un asalto ocurrido en marzo de 2025 en el sector Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte.
Los condenados son Luis Miguel Araujo Díaz, alias “El Guardia”, sentenciado a 20 años de prisión, y Gustavo Adolfo Vinicio Flores, conocido como “Mojo”, quien recibió una condena de 10 años de reclusión.
Además de la muerte del oficial, ambos fueron encontrados culpables de provocar heridas a Víctor Manuel Sánchez, Keily Miguel Martínez Valdez y Juan Carlos Martínez Medina, quienes acompañaban a la víctima al momento del hecho.
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De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, el crimen ocurrió la madrugada del 2 de marzo de 2025, cuando González Lora acudió junto a varios amigos a auxiliar a Martínez Medina, cuyo vehículo había sufrido una avería en Sabana Perdida.
Mientras intentaban reparar el automóvil, fueron sorprendidos por los hoy condenados y un tercer implicado, identificado como Argenis Valenzuela, alias “Achito”, quienes llegaron al lugar con la intención de despojarlos de sus pertenencias.
Según las investigaciones, el oficial intentó evitar el asalto utilizando su arma de reglamento, pero fue atacado a tiros por los delincuentes. Durante la agresión también resultaron heridos los demás acompañantes.
González Lora fue trasladado a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas debido a las heridas de bala sufridas durante el atraco.
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El Ministerio Público informó que durante las investigaciones fue localizado el vehículo utilizado por los asaltantes mientras era desmantelado para dificultar su identificación. Asimismo, Argenis Valenzuela falleció posteriormente durante un intercambio de disparos con agentes policiales.
Los jueces Elizabeth Esperanza Rodríguez Espinal, Flor E. Batista Polo y José Leonel Asencio Quezada dispusieron que los condenados cumplan sus penas en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo.
El caso fue sustentado por el Ministerio Público, que demostró la responsabilidad penal de los acusados por asociación de malhechores, homicidio voluntario, golpes y heridas, además de violaciones a la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
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