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SANTO DOMINGO.– El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), promulgado bajo la Ley 87-01 y cuya función principal debe ser garantizar a los afiliados un servicio digno y de calidad, está en el ojo público tras varias denuncias de diversos sectores que acusan a gestiones de la institución de un supuesto desfalco administrativo, evasión de impuestos, prácticas corruptivas y lavado de activos.
El caso ya está apoderado por el Ministerio Público, bajo el nombre de Operación Cobra, que involucra directamente al exdirector de la institución, Santiago Hazim, y otros implicados.
Pero… ¿Quiénes denunciaron? ¿Dónde están los vinculados?…
Para desglosar estas interrogantes, presentamos una cronología del presunto entramado de corrupción que, según las autoridades, aproxima a más de 41 millones de pesos.
Junio
El pasado miércoles 25 de junio, el partido Fuerza del Pueblo, durante una rueda de prensa, denunció que el SeNaSa estaba sumergido en una crisis financiera que, según datos de los secretarios de Salud y de Seguridad Social de la organización polìtica, Ramón Alvarado y Fernando Caamaño, el déficit estimaba los 3,372.8 millones de pesos.
En ese entonces, FP dijo que, según informes de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), el pago a proveedores por parte de SeNaSa creció de 0.97 % en 2020 a 46.02 % en 2023 y 44 % en 2024, situación que, indicaron, afectaría directamente a laboratorios, farmacias, clínicas y profesionales de la salud.
El 28 de junio, el Colegio Médico Dominicano manifestó que estaban ocurriendo atrasos en los pagos de SeNaSa a profesionales de la salud y clínicas privadas, y que estos eran causados por auditorías que se “demoran”.
Cinco días después de la denuncia de FP, exactamente el lunes 30, el presidente de la República, Luis Abinader, desmintió que el seguro estuviera transitando una crisis financiera.
Durante su intervención en La Semanal con la Prensa, el mandatario indicó que no había un déficit, sino que se necesitaba un aporte extra del Estado.
“Eso es calidad del gasto: invertir los recursos del pueblo en la salud de los dominicanos”, cita el comentario.
4 de julio
En un comunicado oficial, el seguro de salud anunció que el servicio a domicilio de medicamentos ambulatorios quedaría suspendido en las distintas cadenas de farmacias y que dicho proceso solo se realizaría de manera presencial.
Según SeNaSa, la medida formaba parte de un proceso de revisión de datos.
Dos días después, el expresidente de la República, Leonel Fernández, solicitó una auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) al seguro y a la Administradora de Riesgos de Salud (ARS), con la finalidad de que evaluaran las actividades que se desarrollaban dentro de la institución.
8 de julio
En esta fecha, el CCRD informó que realizaría dichos procesos financieros al seguro, en las gestiones de 2017-2019 y 2023-2024.
Tras las constantes acusaciones sobre el manejo de fondos, el entonces director del seguro, Santiago Hazim, defendió su gestión y sostuvo que, con más de siete millones de afiliados, la institución mantenía un índice de satisfacción de 94.2.
Entre sus argumentos, el pasado 8 de julio, Hazim afirmó que solo en el año 2024 SeNaSa destinó RD$ 15,008 millones a atenciones de Alto Costo; RD$ 14,127 millones en procedimientos quirúrgicos, y RD$ 12,230 millones en estudios de laboratorio, imágenes y otras atenciones diagnósticas.
Pese a los alardes de cifras, defensas y avances, por decisión del presidente Abinader, Hazim fue destituido de su función justamente el 13 de agosto.
Dos días después (15 de agosto), la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que, en base a una solicitud de investigación, declaró “nulo” el contrato entre SeNaSa y Farmacard S.R.L. por violaciones a la Ley 340-06.
De acuerdo con un comunicado de la institución, dicho contrato vulnera principios esenciales como legalidad, debido proceso, igualdad, libre competencia, transparencia y publicidad.
El 15 de agosto, en cumplimiento del decreto 461-25 del Gobierno, en sustitución de Hazim fue nombrado Edward Guzmán Padilla.
Semanas después (9 de septiembre), tras denuncias que indicaban que las ARS, por supuesta crisis, no podrían cubrir los medicamentos de sus afiliados, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó la utilización de RD$ 6,000 millones del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) para cubrir el déficit del seguro.
El 11 de septiembre, como medida de investigación, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) informó que se encontraba realizando un proceso de auditoría técnica al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), bajo el cumplimiento de la Ley 87-01.
De acuerdo con la Sisalril, la iniciativa formaba parte de revisar las informaciones financieras y operativas reportadas por la Administradora de Riesgos de Salud (ARS) en los últimos años.
13 de septiembre
En una solicitud con fecha sábado 13 del citado mes, Luis Abinader instruyó a los titulares de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las faltas e irregularidades denunciadas por varios meses en las ARS.
Luego de un reportaje del programa de Nuria Piera, el 16 de septiembre la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó a la periodista entregar un informe de los detalles e informaciones reveladas durante la transmisión de su programa de investigación.
En ese orden, se recuerda que dos días antes el reportaje programado sufrió un pequeño “retraso” en su transmisión por Color Visión, donde citaría datos claves del supuesto entramado de corrupción. El programa salió una hora y media después.
El pasado 24 de septiembre, Hazim apareció nueva vez, en esa ocasión vía un audiovisual, donde manifestaba su postura por los señalamientos y asegurò que siempre actuó con honradez.
Explicó que, en noviembre de 2024, acudió ante el Ministerio Público a través de la Consultoría Jurídica de SeNaSa y depositó una denuncia formal acompañada de documentos que evidenciaban un esquema de fraude millonario basado en la manipulación del sistema de autorizaciones de procedimientos médicos.
Más tarde, el lunes 29 de septiembre, SeNaSa convocó una nueva licitación para seleccionar una plataforma encargada de la administración y distribución de medicamentos a sus afiliados, en cumplimiento de la resolución RIC-0109 de la DGCP.
En medio de la tensión por diversos sectores sociales, ese mismo día el jefe de Estado, Luis Abinader, volvió a referirse a las denuncias de corrupción en SeNaSa y sostuvo que no habría impunidad y que el Ministerio Público estaba apoderado del caso.
Las declaraciones también estaban vinculadas a denuncias presentadas ese mismo mes, cuando el Ministerio de Salud Pública supuestamente confirmara que transfirió gratuitamente medicamentos y vacunas a centros hospitalarios, insumos que SeNaSa habría registrado como compras por un monto cercano a los 700 millones de pesos.
Luego de todas las verificaciones, informes, denuncias y escándalos, la noche del sábado 6 de diciembre fueron arrestados el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim; su sobrino, Rafael Martínez Hazim; el empresario Eduardo Read; y otros implicados.
Las autoridades informaron que realizaron 12 allanamientos como parte de la operación que llevó al arresto de Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Por órdenes de Abinader, el domingo 7 de diciembre, SeNaSa se constituirá en actor civil para recuperar los recursos que hayan sido sustraídos.
Hasta la fecha, 8 de diciembre, los implicados se encuentran arrestados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se prevé que se conozca la solicitud de medida de coerción este lunes.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados en la Operación Cobra desfalcaron fondos en perjuicio del Estado.
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