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SANTO DOMINGO.– La abogada Laura Acosta, una de los representantes legal del exministro Gonzalo Castillo, cuestionó este viernes ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional la exclusión de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo Jiménez) del núcleo principal del proceso judicial conocido como Calamar, a pesar de que, según dijo, documentos del propio Ministerio Público, detallan que éste manejó de madera irregular más de RD$7,500 millones de pesos del Estado dominicano.
Durante su intervención ante el tribunal, presidido por la jueza Altagracia Ramírez, Acosta criticó que el órgano persecutor otorgara un criterio de oportunidad a Jiménez Collie, quien figura como el testigo estrella del expediente y el único que asegura haber entregado dinero en efectivo al imputado Gonzalo Castillo.
La defensa calificó como “grave e inexplicable” que una persona que, según la solicitud de medida de coerción, habría canalizado pagos irregulares por RD$7,615 millones a través de la empresa Trotax Enterprises, haya quedado fuera del relato fáctico de la acusación final, sin que exista actualmente ningún acusado por ese monto.
Acosta explicó que Trotax Enterprises está conformada por las empresas Constructora Latinoamericana de Proyectos Clark y Blue Core Enterprises SRL, cuyos representantes son el propio Jiménez Collie y José Arturo Ureña Pérez, ambos imputados favorecidos por decisiones del Ministerio Público.
Indicó que dichos fondos sí fueron utilizados inicialmente por el Ministerio Público para justificar medidas de coerción y elevar el monto global del caso, que pasó de RD$19,000 millones a RD$41,000 millones, pero posteriormente desaparecieron por completo del expediente acusatorio.
“La paradoja es que mantienen una acusación por supuestos RD$3,800 millones entregados a Gonzalo Castillo, pero elimina del proceso los más de RD$7,500 millones que su propio testigo admite haber manejado”, expresó Acosta.
Se recuerda que el empresario alías Mimilo Jiménez y Fernando Crisóstomo Herrera acordaron devolver al Estado 1,816,770,078 pesos en efectivo y bienes tras negociar con el Ministerio Público, que desistió de la acción penal en contra de los dos dos.
La abogada también puso en duda la credibilidad del presunto esquema de extorsión a bancas de apuestas ilegales, afirmando que la línea de tiempo presentada no coincide con la precandidatura ni la campaña presidencial de Castillo, y que los nombres de supuestos programas o proyectos fueron impuestos sin respaldo en los testimonios.
Advirtió que “la persecución penal selectiva” socava la confianza en la justicia, al privilegiar a imputados que colaboran con la acusación mientras se excluyen hechos de mayor gravedad.
La defensa de Gonzalo Castillo conformada por además de Laura Acosta, Luis Rivas y Nassef Perdomo, quienes concluyeron sus argumentos defensivos solicitando que se declare la nilidad de la acusación y que tanto el Ministerio Público como los querellantes paguen los gastos económicos del proceso.
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