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Panorama Justicia. La defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez denunció este viernes una «intensa ofensiva comunicacional» del Ministerio Público para «desviar la atención» sobre la cuestión jurídica que el tribunal determinará el próximo lunes sobre si corresponde extinguir el proceso, que se sigue contra su cliente, por excederse la duración del mismo del plazo máximo de cuatro años establecido en la legislación.
De acuerdo con Consejo de Defensa del exprocurador, «luego del amplio debate público generado esta semana sobre la procedencia de la extinción y de que amplios sectores de la comunidad jurídica del país confirmaran que la solución jurídica aplicable es declarar la extinción, el Ministerio Público intenta trasladar nuevamente la discusión hacia las falsas imputaciones de fondo».
«No existe ningún acuerdo ni negociación por parte de Jean Alain Rodríguez. Quizás el Ministerio Público esté confundiendo este proceso con otros casos en los que sí se han discutido acuerdos, como el que se rumora respecto al caso Senasa», expresó el Consejo de Defensa en un comunicado.
Según este Consejo, el tribunal «debe decidir conforme a la ley», y lo que el Ministerio Público «debería explicar es por qué tres decisiones de tres tribunales del Tercer Juzgado de la Instrucción, descartaron que las dilaciones sean atribuibles a nuestro cliente y que los retrasos fueron generados por el Ministerio Público».
«De eso es que deberían hablar: de una pobre investigación de dos años; de haber solicitado prórrogas, de haber sido intimados a depositar la acusación, del ocultamiento y entrega tardía de documentos; del desacato de sentencias; de haber construido una acusación de más de 12,000 páginas, de entregar un disco duro defectuoso con 3,000 supuestas pruebas y 666,000 archivos; y de haber incluido, para abultarlo, hasta pruebas de otros casos», criticó la defensa.
«Esas son las dilaciones y deficiencias que el Ministerio Público debe explicar antes de pretender trasladar al imputado las consecuencias del vencimiento del plazo legal», añadió.
Según estos abogados dicha «estrategia comunicacional» pretende «distraer a la ciudadanía y generar presión pública sobre los jueces mediante la discusión de acusaciones que la defensa sostiene haber desmontado documentalmente».
«La cuestión en debate hoy y pendiente de decisión no consiste en determinar el fondo del expediente, sino si el Estado agotó el tiempo de cuatro años que la legislación le concede para mantener abierta la persecución penal», expresó la defensa.
Acusación
Este jueves el Ministerio Público reiteró la «contundencia probatoria» que acumuló en las 34 líneas de imputación de la acusación por supuesta corrupción administrativa contra Rodríguez y compartes.
El organismo dio a conocer esa posición horas después de que la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmara que el exprocurador diligenció en una oportunidad alcanzar un acuerdo en torno a las acusaciones de corrupción en su contra.
El Ministerio Pública sostuvo que las líneas de imputación documentan una estructura criminal organizada que se destinó a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez.
Recordó que en este expediente se imputa la sustracción y desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y todo el sistema de justicia.
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