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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Miguel Valerio, abogado de la familia de Ivonne Handal Abugabil, la mujer de 70 años que perdió la vida en el ataque múltiple ocurrido el pasado 23 de julio en el sector Naco, denunció que los presupuestos médicos entregados por la defensa del acusado Jean Andrés Pumarol Fernández presentan serias inconsistencias y contradicciones que deben ser esclarecidas durante la fase de investigación.
Al hablar con la prensa tras concluir la audiencia de conocimiento de medida de coerción, el letrado puntualizó que los presupuestos depositados por la defensa fueron simples fotocopias y tenían el aspecto de un recetario médico, sin validación clara.
«Los presupuestos en sí eran contradictorios, es decir, los mismos médicos de él establecían fechas que no se correspondían con argumentos que habían ahí», dijo.
Además, indicó que «el juez le explicó de que ahora empieza el periodo de investigación y ahí habrá peritaje y cosas de esas donde se podrá determinar la situación real o no del señor Pumarol».
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó tres meses de prisión preventiva contra Jean Andrés Pumarol Fernández, quien fue enviado al CCR-14 de Higüey (Anamuya), tras acoger la solicitud del Ministerio Público.
La fiscal Vidalis Mora, del Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona, relató que el imputado irrumpió violentamente en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió con armas blancas a seis personas, incluyendo a la señora Handal Abugabil, quien falleció a causa de las heridas.
Entre los heridos figuran Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos. El imputado fue arrestado en flagrante delito por la Policía Nacional, luego de una intervención inmediata coordinada con el 9-1-1.
El Ministerio Público imputa a Pumarol Fernández la violación de los artículos 295, 304, 2 y 309 del Código Penal, además de disposiciones de la Ley 631-16 sobre el uso de armas blancas con fines delictivos. La fiscalía solicitó prisión preventiva como medida idónea para garantizar el desarrollo del proceso judicial.
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