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EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Dirección de Servicios Jurídicos de Edenorte informó este viernes que una jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago impuso medidas de coerción contra dos hombres acusados de atentar contra el Sistema Eléctrico Nacional.
Los imputados fueron identificados como como José Luis Aquino Ynoa, residente en el sector Bella Vista, y Luis José Martínez de la Cruz, de 49 años, domiciliado en Pueblo Nuevo, quienes enfrentan cargos por presunta violación a los artículos 124-1 y 124-V-1 de la Ley General de Electricidad número 125-01, según detalló un comunicado de prensa.
De acuerdo con las informaciones suministradas, se les atribuye la destrucción, daño o inhabilitación intencional de equipos e instalaciones eléctricas, con el objetivo de sustraer componentes del sistema o interrumpir el servicio eléctrico, conducta tipificada como atentado contra la seguridad del sistema eléctrico nacional. Estas acciones ilícitas se habrían desarrollado en los sectores Bella Vista y Pueblo Nuevo, en Santiago.
La medida fue dictada por la magistrada Wendy Tavárez Cuello, titular del tribunal de Atención Permanente, quien impuso a José Luis Aquino Ynoa una garantía económica en efectivo de RD$10,000.00 y presentación periódica los días 12 de cada mes durante seis meses. A Luis José Martínez de la Cruz se le impuso una garantía económica en efectivo de RD$15,000.00 y presentación periódica los días 12 de cada mes.
Según los datos ofrecidos, la Dirección de Seguridad Física de Edenorte, dirigida por el coronel Isaías Acevedo, ejecutó un dispositivo de investigación que permitió la detención en flagrante delito de uno de los imputados, señalado por el robo de contadores eléctricos.
El Ministerio Público estuvo representado por el magistrado Patricio Rodríguez, mientras que la representación legal de EDENORTE estuvo a cargo de las licenciadas Luisa Rosa García Polanco y Yecenia del Carmen Bueno Peralta, de la Dirección de Servicios Jurídicos.
EDENORTE reiteró su compromiso de continuar colaborando con las autoridades competentes en la persecución de los delitos eléctricos, al considerar que estas prácticas no solo afectan la estabilidad del servicio, sino que generan pérdidas económicas que impactan a miles de clientes y comprometen la seguridad de las comunidades.
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