Dilatorias en casos judiciales evidencian fallas del sistema, advierten legisladores juristas

SANTO DOMINGO. – Legisladores juaristas señalaron este jueves que las constantes dilaciones en los procesos judiciales reflejan debilidades estructurales en el sistema de justicia, situación que aseguraron afecta la confianza ciudadana y retrasa la aplicación de sanciones.

Asimismo, indicaron que la prolongación de audiencias, aplazamientos reiterados y tácticas legales para posponer decisiones se han convertido en una práctica frecuente, especialmente en casos de alto perfil, lo que pone en entredicho la eficiencia del sistema penal.

En ese sentido, consideraron que el caso que involucra al exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, debe ser tomado como referencia para impulsar una reestructuración profunda en materia penal, orientada a garantizar mayor celeridad y transparencia en los procesos.

Y es que este proceso denominado por el Ministerio Público como «Operación Medusa», va rumbo a cumplir seis años con 102 audiencias aplazadas lo que refleja que algo no anda bien.

El diputado y abogado Eugenio Cedeño, subrayó que estas fallas que presenta el sistema judicial dominicano es responsabilidad tanto de la Procuraduría General de la República como de la Suprema Corte Justicia.

«Yo creo que ese simple caso es un ejemplo de las fallas que tiene la justicia y esto que ese es un caso notario; si revisamos los tribunales nos encontramos con la vida perdida de miles de reos sin familias y sin recursos económicos que el diablo se los lleva en las cárceles nuestras», destacó el legislador.

Mientras, el también legislador y abogado Carlos de Pérez, sostuvo que los voluminosos expedientes «faranduleros» que presentan las autoridades provocan la extinción de los procesos en los tribunales.

«El problema es que el Ministerio Público en su interés propagandístico y farandulero hace unos proyectos de acusación para tener sonido pero sin sistema y a veces inclusive teniendo la posibilidad de probar las faltas debido a que se concentra en la farándula no puede hacer el proceso como corresponde», puntualizó De Pérez.

El diputado Valerio Leonardo, también cuestionó la dilatación de los procesos que no solo generan desconfianza en la sociedad sobre si finalmente habrá condenas, sino que tienen una carga económica para el Estado.

El costo judicial en procesos largos incluye tasas, honorarios de abogados, peritos y notificaciones y solo el caso del exprocurador Rodríguez le ha costado al Gobierno más de 3 millones de pesos.

Operación Medusa como lo llamó el Ministerio Público y otros todos vinculados con corrupción y desfalco estatal que están en tribunales y que fueron muy mediáticos, podrían ser declarados extintos conforme a la Ley 10-15, del Código Procesal Penal, debido a la demora excesiva.