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SANTO DOMINGO. – La propietaria del centro educativo Baby’s First School, SRL, Jenny Jennifer Taveras López, intimó formalmente a El Nuevo Diario mediante un acto de alguacil, luego de que este medio publicara informaciones relacionadas con la orden de cierre del plantel a partir del próximo año escolar, tras una litis de tres años por incumplimiento del uso de suelo.
La intimación, de seis páginas, fue ejecutada por el alguacil Emmanuel Eligio Raposo Mateo, quien exige que en un plazo de un (1) día franco El Nuevo Diario presente una sentencia que demuestre que el colegio fue cerrado, pese a que la misma no ha sido entregada oficialmente a las partes, según admite el propio documento.
La jueza que conoció el proceso dispuso la lectura íntegra de la decisión para el 9 de diciembre de 2025, por lo que la defensa de la propietaria exige la presentación de una sentencia que aún no ha sido difundida por el tribunal.
Un patrón de intimidación denunciado por comunitarios y periodistas
La intimación también va dirigida a la Junta de Vecinos de Los Cacicazgos, representada por Roberto Leonel Rodríguez Estrella.
Vecinos del sector han denunciado previamente que la propietaria del centro educativo suele recurrir a amenazas legales, actos de alguacil y presiones cada vez que es cuestionada por el impacto del colegio en la zona residencial o por su situación regulatoria.
Tanto comunitarios como periodistas señalan que Taveras López utiliza estas herramientas como mecanismos de intimidación para intentar frenar denuncias sobre ruido y congestionamiento vehicular, alteración a la tranquilidad del sector, y faltas relacionadas con el uso de suelo.
El documento acusa al medio y a vecinos de “informaciones falsas”
En la intimación, la defensa del colegio califica de “falsa”, “maliciosa” y “perversa” la información difundida sobre la orden de cierre, e insiste en que el centro educativo “opera de manera legal”.
No obstante, en el mismo documento se reconoce que:
•el caso fue conocido por uso de suelo,
•la jueza emitió una sentencia absolutoria solo en materia penal,
•el proceso administrativo continúa,
•y la decisión final no ha sido depositada.
Asimismo, se admite que el punto del cierre fue tratado en audiencia, aunque la defensa asegura que la jueza “no ordenó” la clausura.
Intento de retractación bajo amenaza penal
El documento exige a este medio y a la Junta de Vecinos que se retracten públicamente, advirtiendo que, de no hacerlo, iniciarán acciones penales bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología por supuesta difusión de información falsa.
Especialistas en libertad de prensa coinciden en que este tipo de advertencias suele utilizarse como mecanismo para coartar la labor periodística y limitar el debate comunitario sobre asuntos de interés público.
En tanto, El Nuevo Diario ratifica que la información publicada está sustentada en documentos oficiales, decisiones emitidas en audiencia pública y declaraciones de las partes involucradas.
Se trata de un periódico dirigido por profesionales que se han unido con la finalidad de llevar la información a tiempo y con apego a la ética, la responsabilidad y los aspectos de este tiempo que requiere el ejercicio periodístico.