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SANTO DOMINGO.- El jurista y constitucionalista Eduardo Jorge Prats criticó este domingo la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, asegurando que se trata de una “perversa contrarreforma” que, a su juicio, generará graves problemas de aplicación por la ausencia de una vacatio legis que permita adaptar a los actores del sistema de justicia.
A través de su cuenta de X, Prats señaló que el proceso legislativo ignoró la necesidad de un periodo de transición para la adecuación de fiscales, jueces, defensores y demás operadores del sistema, lo que, según afirmó, podría traducirse en serias dificultades para su implementación inmediata.
El experto sostuvo que la reforma no era necesaria y que bastaba con reinstaurar la versión delCódigo Procesal Penal modificada en 2015 para luego construir, mediante consenso, un modelo garantista acorde con los precedentes del Tribunal Constitucional.
Asimismo, acusó al Ministerio Público de impulsar una legislación “a la medida” de una visión autoritaria que “desprecia las garantías penales y procesales”, señalando que la medida busca consolidar lo que definió como “mala práctica” en la interpretación del Código Procesal Penal por parte de algunos jueces penales.
“El nuevo CPP consagra un derecho procesal penal degenerado, fruto del maltrato interpretativo constitucional”, expresó.
Prats indicó que, hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie y eventualmente declare la inconstitucionalidad de varias disposiciones, como él espera que ocurra, los jueces deberán aplicar el código anterior en los procesos ya en curso, en respeto a la seguridad jurídica, la irretroactividad de la ley, la confianza legítima y el principio de favorabilidad.
Sobre la promulgación del Código por parte del presidente Luis Abinader, dijo que esta acción refleja su intención de respaldar la lucha contra la criminalidad, resaltando que el mandatario “tiene amigos y no cómplices”, algo que valoró positivamente como ciudadano.
Sin embargo, advirtió que quienes promovieron la reforma deben estar conscientes de que “esta legislación se les aplicará en su momento”. Según el jurista, ello evidencia la incapacidad del país para garantizar la igualdad ante la ley, expresando que en la práctica solo se logra una “igualdad en el atropello”.
Prats concluyó su mensaje con un llamado a la defensa de los derechos fundamentales y la legalidad, afirmando: “¡Que Dios nos ampare! ¡A luchar, soldados valientes! ¡Llegó la revolución de los derechos!”.
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