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SANTO DOMINGO. – El presidente del Partido Camino Nuevo, Eglenin Morrison, criticó este martes la notificación emitida por la Junta Central Electoral (JCE) que ordena el retiro de más de 100 vallas publicitarias promoviendo la candidatura presidencial de Omar Fernández, calificando la disposición como un “adefesio jurídico”.
Morrison también solicitó la renuncia del director Jurídico del organismo electoral, por las alegadas fallas encontradas en el acto administrativo emitido por la JCE.
Según, la ordenanza contiene graves fallas legales y de procedimiento, señalando que el mismo “no define con claridad su naturaleza jurídica” y opera, en la práctica, como un acto de alguacil, imponiendo un plazo de cinco días al partido para retirar la publicidad instalada en diferentes puntos del país.
El dirigente político se expresó en estos términos al ser entrevistado por los comunicadores Jaime Rincón, Raquel Rodríguez, Julio Samuel Sierra y Nilson Batista en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital de “El Nuevo Diario TV”.
(Ver programa).
En ese sentido, Eglenin Morrison indicó que la Junta Central Electoral está actuando fuera del marco legal al disponer la medida.
“El documento que nos han remitido es un atropello jurídico que vulnera los derechos fundamentales de nuestra organización y de nuestro candidato”, declaró el presidente del Partido Nuevo Camino.
En respaldo a su posición, Morrison citó la sentencia 0011-2025 del Tribunal Constitucional, particularmente los acápites 12 al 14, donde se establece que entre la finalización del período electoral y el inicio oficial de la precampaña existe un período intermedio en el cual está prohibido promover candidaturas con fines de captación de votos.
No obstante, sostuvo que las vallas de Camino Nuevo no constituyen una violación a dicha disposición, argumentando que la JCE interpreta de forma errónea los límites legales.
“La Constitución establece que vivimos en un Estado social, democrático y de derecho. Esta medida es desproporcionada y carece de base jurídica clara. La sentencia que la JCE citada no puede ser usada como excusa para cercenar derechos políticos”, añadió Morrison.
Asimismo, expresó que la notificación de la JCE contradice principios constitucionales fundamentales, y afirmó que la organización analiza las vías legales para responder formalmente a lo que consideran una acción arbitraria por parte del órgano electoral.
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