El Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia, encabezado por el general Rafael del Pino, lanzó un comunicado en el que interpela directamente a generales y coroneles de las Fuerzas Armadas cubanas en el quinto aniversario del 11 de julio de 2021, exigiéndoles que retiren su apoyo a la familia Castro y asuman el poder junto al pueblo.
El comunicado del Movimiento describe a Cuba no como un Estado socialista sino como “un estado mafioso controlado por una oligarquía cleptocrática que roba los recursos al pueblo”. El texto apunta directamente a las recientes declaraciones públicas del nieto de Raúl Castro —al que califica de “Cangrejo”— como prueba de que el poder real descansa en la familia gobernante y no en las instituciones del partido.
Del Pino y los firmantes acusan a los mandos militares de actuar como “ejército mercenario privado” al servicio de esa estructura familiar. El llamado es explícito: “Saquen a esa familia del trono al que pretenden atornillar a sus descendientes. Pasen a la historia como dignos mambises, no como gánsteres al servicio de una cuadrilla de mafiosos”.
El texto coincide con un análisis de la socióloga Cecilia Bobes —investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en México— que documenta una escalada sin precedentes de protestas en la isla durante 2026.
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Bobes registró al menos 342 protestas en Cuba en lo que va de este año, una cifra superior a la acumulada en los tres años anteriores en conjunto, según declaró en una entrevista a EFE. La investigadora, autora de Protestas en Cuba. Más allá del 11 de Julio, señaló que “el aumento es más que exponencial” y que la protesta dejó de ser un fenómeno excepcional para convertirse en parte del repertorio habitual de acción colectiva cubana.
La “crisis multidimensional” que describe Bobes combina las deficiencias estructurales del modelo cubano con la presión ejercida por Estados Unidos en los últimos meses. Según la investigadora, “la combinación entre precarización social, erosión de derechos sociales, debilitamiento del consenso y cierre político genera tensiones crecientes de gobernabilidad”.
Entre los episodios más notorios de 2026, Bobes destaca dos. El primero fue la movilización universitaria contra la subida de tarifas del monopolio de telecomunicaciones ETECSA, que resultó inusual por producirse dentro de las aulas y en el seno de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), organización de órbita oficial. El segundo fue la protesta de Morón, calificada como la más violenta hasta la fecha: los vecinos marcharon hasta una sede del partido, la saquearon parcialmente y quemaron su mobiliario.
Personas se congregan antes de una manifestación progubernamental convocada por las autoridades cubanas para protestar contra las políticas estadounidenses hacia la isla, incluyendo el procesamiento del exdictador cubano Raúl Castro, en La Habana, Cuba, el 22 de mayo de 2026. REUTERS/Norlys Pérez
Un cambio cualitativo que la socióloga subraya es la incorporación progresiva de consignas políticas en manifestaciones que históricamente se limitaban a quejas por servicios deficientes: electricidad, agua y alimentos. Las acusaciones directas al gobierno y los insultos a dirigentes aparecen “cada vez con mayor frecuencia”, según Bobes. El acceso a internet móvil —disponible en Cuba desde hace menos de siete años— opera como catalizador al facilitar la coordinación y reducir los costos de participación.
A pesar de la escalada, Bobes advierte que prever un nuevo estallido del calibre del 11J resulta difícil. Entre los factores que lo inhiben menciona la “represión a priori” ante cualquier convocatoria, la “criminalización del disenso” y la “ausencia de estructuras de organización en la sociedad civil”.
La emigración masiva y predominantemente joven de los últimos años también debilita la capacidad de movilización, al igual que la precarización cotidiana, que —según la investigadora— “reduce la capacidad de agencia de los individuos y debilita los vínculos de solidaridad y organización colectiva”. Bobes advierte que una crisis no conduce necesariamente a la democratización ni al colapso del régimen, y que puede derivar en “equilibrios inestables en los que coexisten deterioro social, resiliencia cotidiana, control estatal y formas fragmentarias de disenso”.



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