InfoexpressSANTO DOMINGO.– Un general retirado del Ejército de la República Dominicana (ERD), un coronel de la Fuerza Aérea y un mayor de la Policía Nacional presentaron este martes su defensa material ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el marco del juicio en el que se les acusa de formar parte de una red de corrupción administrativa que habría desfalcado al Estado con más de RD$4,500 millones.
El general Epifanio Peña Lebrón, quien rechazó las imputaciones de lavado de activos en su contra, asegurando que el Ministerio Público no incorporó ninguna prueba que demuestre que haya sido parte de la presunta estructura delictiva.
“No soy propietario de bienes inmuebles ni que existe algún inmueble sujeto a decomiso a mi nombre”, afirmó.
En ese sentido, señaló que las pruebas periciales números 91, 92 y 93, consistentes en avalúos y tasaciones realizadas el 11 de abril de 2022 por la perito Leong Rosario, corresponden a cuatro fincas vinculadas a la empresa MJ3V Agroindustrial, SRL., pero que no establecen relación alguna entre dichas propiedades y él.
No obstante, el Ministerio Público sostiene que Epifanio Peña Lebrón incurrió en lavado de activos al constituir la empresa MJ3V Agroindustrial, SRL., y adquirir bienes muebles e inmuebles con fondos de procedencia ilícita, actuando en asociación con otros procesados como parte de una estructura criminal, aprovechándose además de su condición de funcionario público.
En tanto, el coronel de la Fuerza Aérea Carlos Augusto Lantigua Cruz, quien se desempeñó como ayudante del director y encargado de raciones del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), afirmó que, debido a la naturaleza de sus funciones, le era imposible percatarse de irregularidades administrativas.
“Es imposible que yo pudiera darme cuenta si hubo algún tipo de irregularidades”, sostuvo ante el tribunal.
También presentó su defensa el mayor José Manuel Rosario Pirón, de la Policía Nacional, exencargado de Tesorería del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), quien negó de manera categórica las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito formuladas por el Ministerio Público.
Rosario Pirón aseguró que su patrimonio y el de su esposa no supera los RD$5.8 millones y explicó que su vinculación con las empresas señaladas como presuntos vehículos de lavado de activos se limitó exclusivamente a la constitución legal de las mismas, como parte de su ejercicio profesional como abogado.
El proceso judicial tiene como principal imputado al mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, señalado como uno de los cabecillas de la red de corrupción, junto al general de brigada de la Fuerza Aérea Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cestur, y el coronel Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep, identificado por el Ministerio Público como el brazo operativo del entramado.
La red, según la acusación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), operó durante varios años utilizando estructuras militares y policiales para estafar al Estado dominicano, hechos que dieron lugar a las operaciones Coral y Coral 5G.
El juicio de fondo avanza a la parte final, en la próxima audiencia el Ministerio Público iniciará la presentación de sus conclusiones finales ante las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, quienes conocen el caso.
El juzgado fijó la continuación del juicio para el martes 20 de enero, a las 9:00 de la mañana, otorgando al órgano acusador un plazo de tres audiencias para exponer sus conclusiones.
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