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Santo Domingo. – El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez, afirmó que el Congreso Nacional actuó con una visión “populista” al incrementar las penas contempladas en el nuevo Código Penal, al considerar que durante el proceso legislativo predominó la idea de responder a las demandas sociales con sanciones más severas.
Durante una entrevista, el legislador explicó que, aunque respaldaba varias de las modificaciones incorporadas a la pieza legislativa, decidió votar en contra del Código Penal debido a su desacuerdo con la permanencia de la penalización del aborto en las tres causales.
“Hubo una especie de simplismo, de populismo en el Congreso para aumentar las penas, en todo”, expresó Sánchez al referirse a las disposiciones que elevan las sanciones e incorporan figuras como el cúmulo de penas.
El diputado cuestionó que se establezcan condenas acumuladas que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión, sin que, a su juicio, el país haya resuelto los problemas estructurales del sistema penitenciario.
“Cárceles de 60 años acumuladas, que yo digo, bueno, y aquí hay un 80 % de presos preventivos que uno no sabe dónde los van a poner”, manifestó.
Sánchez consideró que existe una tendencia a creer que el endurecimiento de las penas es suficiente para reducir la criminalidad, cuando, según sostuvo, también deben fortalecerse la educación, la prevención del delito y los mecanismos de reinserción social.
“La cárcel debe ser un método de reinserción social y de educación”, afirmó.
Rechaza que exista una “ley mordaza”
El diputado también rechazó que el Código Penal aprobado represente una restricción a la libertad de expresión y negó que la legislación constituya una denominada “ley mordaza”.
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Explicó que las figuras de difamación e injuria han formado parte del ordenamiento jurídico dominicano desde hace años y defendió que deben existir consecuencias para quienes realicen acusaciones falsas que afecten la reputación de otras personas.
“Una cosa es informar y otra cosa es comunicar. Todo el mundo tiene derecho a la información, pero el derecho a la comunicación debe tener algunos filtros”, afirmó.
Sánchez puso como ejemplo el daño que puede provocar una acusación infundada contra una persona y su entorno familiar, al señalar que quienes difundan señalamientos sin pruebas deben asumir la responsabilidad por sus acciones.
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