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Panorama Nacional. Lo que comenzó como una propuesta para crear un organismo que organizara y fiscalizara los juegos de azar en República Dominicana terminó, según las asociaciones de bancas deportivas, convertido en un proyecto que abriría la puerta a una expansión sin precedentes del sector. La advertencia la sustentan en una cifra: aseguran que ya existen más de 70,000 licencias otorgadas para agencias hípicas que operan juegos virtuales y que, de aprobarse la iniciativa sin cambios, esas operaciones podrían extenderse hasta 150,000 puntos de lotería en todo el país.
Con ese argumento, la Asociación Nacional de Bancas Deportivas (ASONABADE) y la Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) solicitaron al presidente Luis Abinader vetar el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Juegos de Azar, al considerar que el texto fue alterado durante su trámite legislativo y terminó alejándose del propósito original de fortalecer la regulación del sector.
Frente a los medios de comunicación, los representantes de ambas organizaciones dejaron claro que no se oponen a la creación de la Dirección Nacional de Juegos de Azar. Por el contrario, afirmaron que durante años promovieron la creación de una institución que asumiera la regulación y fiscalización de todos los juegos de azar del país. Sin embargo, sostienen que la iniciativa que actualmente cursa en el Congreso fue modificada para beneficiar a intereses particulares.
«Presidente Abinader, lo han sorprendido en su buena fe», expresó Ricardo Nadal, presidente de ASONABADE, al asegurar que el mandatario impulsaba una legislación para organizar el sector, pero que el proyecto terminó siendo transformado durante el proceso legislativo.
Como parte de sus argumentos, las asociaciones señalaron que las bancas deportivas han instalado 1,849 establecimientos en más de 40 años de operación, mientras que estiman que el sector de bancas de lotería ronda actualmente los 150,000 puntos en todo el territorio nacional.
Según explicaron, el crecimiento de las llamadas agencias hípicas comenzó a acelerarse a partir de 2019, cuando, afirman, la Comisión Hípica Nacional empezó a otorgar licencias para operar juegos virtuales. De acuerdo con las asociaciones, actualmente existen más de 70,000 licencias de ese tipo y todas tendrían la posibilidad de operar apuestas deportivas, juegos de casino y otras modalidades virtuales.
ASONABADE y ADOBAD sostienen que la Ley 494-06 establece que el Ministerio de Hacienda es la única institución con facultad para otorgar licencias de juegos de azar. En ese sentido, denunciaron que la Comisión Hípica Nacional habría asumido atribuciones que, a su juicio, no le corresponden, permitiendo la emisión masiva de permisos para este tipo de operaciones.
Incluso, aseguraron que el propio Ministerio de Hacienda habría advertido a la Comisión Hípica Nacional sobre esa situación mediante una comunicación remitida en 2024 por la Dirección de Casinos, en la que se le habría indicado detener el otorgamiento de esas licencias. No obstante, afirman que el proceso continuó.
Otra de las preocupaciones planteadas durante la rueda de prensa fue la distancia entre establecimientos. Explicaron que una de las versiones del proyecto eliminaba la separación mínima de 500 metros entre bancas deportivas establecida en la Ley 140-02. Indicaron que, tras reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, esa disposición fue reincorporada, aunque consideran que el texto mantiene mecanismos que permitirían la expansión de las agencias hípicas y de lotería.
Las asociaciones también cuestionaron el impacto fiscal que, según aseguran, tendría la iniciativa. Afirmaron que una banca deportiva aporta alrededor de RD$100,000 mensuales en tributos, mientras que las operaciones que podrían surgir bajo el nuevo esquema tributarían aproximadamente RD$7,000 al mes, lo que, a su entender, representaría un perjuicio para las recaudaciones del Estado.
Al concluir el encuentro, los representantes de ASONABADE y ADOBAD reiteraron su llamado al presidente Luis Abinader para que observe la pieza legislativa y al Senado para que revise su contenido antes de una eventual aprobación.
«Lo que queremos es una ley que realmente organice, fiscalice y fortalezca la transparencia del sector, no una legislación que, según entendemos, termine favoreciendo intereses particulares», concluyeron.
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