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Santo Domingo, RD. — Los hijos del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, Rafael José Ramón Trujillo Lovatón y Yolanda Altagracia Trujillo Lovatón, reclaman al Banco de Reservas la devolución de una millonaria suma que, según alegan, fue depositada en esa institución bancaria en 1950 a nombre de su madre, Yolanda Lina Lovatón Pittaluga.
De acuerdo con documentos citados en reportes sobre el caso, el depósito original ascendía a 2.3 millones de dólares y fue realizado el 4 de febrero de 1950. Los demandantes sostienen que, tras la acumulación de intereses durante décadas, el monto habría aumentado hasta superar los 100 millones de dólares.
La reclamación fue llevada ante los tribunales dominicanos y se fundamenta en documentos bancarios que, según los demandantes, acreditan la existencia de los fondos. Entre las pruebas figura una constancia bancaria identificada con el número 2117, así como una comunicación en la que se habría dispuesto entregar el dinero a Lovatón Pittaluga en caso de fallecimiento de Trujillo.
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Los hermanos alegan que actúan en calidad de herederos de su madre, quien falleció en 1984. En una modificación posterior de la demanda, calcularon el capital y los intereses en unos 103 millones de dólares, además de reclamar una indemnización por daños y perjuicios.
El caso ha generado cuestionamientos debido a que, después del ajusticiamiento de Trujillo en 1961, el Estado dominicano dispuso la confiscación de numerosos bienes vinculados al dictador y a miembros de su familia. La Ley 5785 declaró bienes nacionales los bienes, créditos, acciones y obligaciones pertenecientes a Trujillo y a varios de sus familiares, incluidos los propios demandantes.
Representantes del Banco de Reservas cuestionaron en su momento la procedencia de la reclamación y sostuvieron que el dinero habría pertenecido realmente a Trujillo, mientras que los demandantes argumentan que los fondos estaban registrados a nombre de su madre.
La controversia también ha sido objeto de críticas por parte de sectores vinculados a la memoria histórica de la dictadura. La entonces directora del Museo Memorial de la Resistencia consideró la demanda como improcedente y recordó que los bienes relacionados con la fortuna de Trujillo fueron objeto de confiscación por parte del Estado.
La disputa revive así uno de los capítulos más controvertidos de la historia dominicana: el destino de la enorme fortuna acumulada durante los 31 años de régimen de Trujillo y los reclamos posteriores de sus descendientes sobre bienes y recursos que permanecieron fuera del alcance del Estado.
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