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SANTO DOMINGO.- La jueza de la Suprema Corte de Justicia Nancy Salcedo Fernández, destacó este miércoles el impulso del Poder Judicial dominicano hacia una justicia abierta para garantizar el acceso efectivo a personas con discapacidad, conforme al artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU.
Salcedo Fernández realizó estas declaraciones durante la conferencia virtual “Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad”, que reunió a expertos y representantes de organismos judiciales e instituciones de República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Paraguay en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad celebrado cada 3 de diciembre.
La magistrada enfatizó que la justicia abierta es crucial para integrar a las personas con discapacidad en la toma de decisiones, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar el seguimiento de las políticas de inclusión.
El Poder Judicial impulsa la innovación tecnológica con herramientas digitales accesibles y una cultura institucional basada en la inclusión y el respeto a la diversidad, señaló la jueza.
“La justicia abierta permite construir un sistema judicial más transparente, participativo y equitativo, garantizando la igualdad de condiciones para todas las personas, lo que entra en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano”, añadió.
Salcedo Fernández adelantó que la justicia dominicana se enfrenta al reto de continuar promoviendo el acceso de personas con discapacidad, trabajando en la eliminación de barreras físicas, de comunicación y actitudinales. Además, se está formando al personal judicial en derechos humanos y discapacidad, en coordinación con entidades nacionales e internacionales.
Entre los desafíos que el Poder Judicial enfrenta para cumplir con el artículo 13 de la CDPD, se encuentran el acondicionamiento de edificios judiciales con rampas, la ampliación de pasillos estrechos, la instalación de ascensores, señalización en braille, sistemas de audio e intérpretes de lengua de señas, así como adaptaciones tecnológicas para facilitar el acceso digital a personas con discapacidad visual o auditiva.
La formación continua de jueces, fiscales, defensores, secretarios y policías judiciales es esencial para aplicar un enfoque inclusivo, ante la persistencia de prejuicios y estigmas que afectan la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos judiciales, agregó la magistrada.
En este sentido, la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) desarrolla material didáctico, adecuaciones curriculares y programas de formación continua en derechos humanos y trato digno para sensibilización en discapacidad, expuso Salcedo.
Entre las iniciativas del Poder Judicial para este sector de la población se encuentran la Política de Igualdad para las Personas con Discapacidad, el Plan de Accesibilidad para Edificaciones Judiciales, la Guía de Trato Digno para el Acceso a la Justicia, el Protocolo de Trato Digno en el Acceso a la Justicia para Personas LGBTUQ+, Personas con Discapacidad y Migrantes, y la Guía.
También se destacan los protocolos de trato digno para el acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes, personas en pobreza y pobreza extrema, personas privadas de libertad, de atención para mujeres víctimas de violencia y de trato digno para el acceso a la justicia para adultas mayores.
La formación y certificación de 42 personas en lengua de señas, a través de la Escuela Nacional de la Judicatura, en coordinación con el Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS), permite contar con intérpretes judiciales en audiencias y centros de entrevistas forenses en casos que involucran a personas con discapacidad auditiva.
Reconocimientos
Las acciones inclusivas implementadas por el Poder Judicial han sido reconocidas con el Sello RD Incluye, iniciativa del Consejo Nacional de Discapacidad y el PNUD y por sus buenas prácticas relativas a la Accesibilidad Universal, la impresión en fácil lectura de la Política de Igualdad para Personas con Discapacidad y el censo sociodemográfico del personal del Poder Judicial que incluye indicadores de discapacidad.
Los Centros de Entrevistas Forenses, el programa de formación de la Escuela Nacional de la Judicatura, la sensibilización del personal, el lenguaje de señas, los derechos humanos y la aprobación de políticas y protocolos de igualdad también han sido reconocidos en las categorías Oro, Plata y Bronce.
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