InfoexpressSANTO DOMINGO.- La jueza Kenya Romero Severino, coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, explicó que la reforma al Código Procesal Penal (CPP), que cursa en el Congreso Nacional y las dinámicas de implementación por parte de los actores clave del sistema debe repensar las formas de judicializar los procesos haciendo un uso mayor y mejor de las soluciones alternas al conflicto.
Asimismo, la jueza valoró el uso amigable de las tecnologías que están disponibles desde el Poder Judicial y sus plataformas, las que facilitan la comunicación, interacción y notificación expedita, mitigando las dilaciones innecesarias para el conocimiento de los procesos judiciales.
La magistrada Romero afirmó que resulta imperativo abordar adecuadamente la gestión judicial de los procesos desde la realidad práctica de las personas que interactúan, para así fortalecer la tutela judicial efectiva, pensando las dinámicas desde todos los actores clave del sistema de justicia penal no desde nuestro contexto individual, sino desde el contexto práctico de las personas que tienen contacto con el sistema.
La jueza Romero, quien participó en el panel “La Reforma del Código Procesal Penal en perspectiva: efectividad y garantías”, realizado por la Escuela Nacional de la Judicatura en coordinación con la facultad de derecho de la Universidad Iberoamericana (Unibe), detalló que la modificación a la ley 76-02 debe impactar en la optimización del proceso penal, al entender que hay un alto nivel de judicialización de casos que podrían solventarse con el uso de otros institutos procesales en las etapas tempranas a través de un abordaje estratégico.
La magistrada consideró que es natural la resistencia al uso de herramientas tecnológicas, algo que se evidenció durante la pandemia, cuando debutamos a nivel global en ese tipo de interacción. No obstante, en los últimos tiempos se han producido avances significativos y progresivos, relacionados con la capacitación de los operadores o actores clave del sistema. Los usuarios, y en especial los abogados, se han ido familiarizando con las plataformas de acceso, y mientras más amigable sea su manejo, mayor será la comprensión progresiva.
Puso como ejemplo la plataforma de solicitudes digitales, disponible en la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, con la cual el Ministerio Público ya está familiarizado, realizando solicitudes por esta vía para garantizar respuestas sin demora.
“El uso de tecnologías como herramientas de apoyo, la planificación inteligente y razonable de las audiencias, y el fortalecimiento de un litigio cada vez más puntual y preciso —que indique concretamente las pretensiones— facilita a las partes la comprensión de mi petitorio, y eso es lo ideal. También facilita la labor de valoración que debe realizar el tribunal en su rol minucioso para poder tutelar adecuadamente a las personas sin perder detalles. Es decir, esa sombrilla de elegir siempre la fluidez y eliminar las burocracias innecesarias garantiza la tutela judicial efectiva, el debido proceso y, sobre todo, la transparencia”, manifestó.
Asimismo, la jueza Kenya Romero afirmó que una deuda histórica del sistema es la falta de un lenguaje amigable, con una prosa digerible para el consumidor final del producto: “la persona que tiene el conflicto de manera primaria”.
Uno de los aspectos destacados, que calificó como una de las ventajas de la actual gestión, es la Mesa de Coordinación Interinstitucional, en la que participan jueces, ministerios públicos, Defensa Pública, servicios penitenciarios, entre otros actores. Se trata de reuniones para pactar mejores prácticas en la implementación de lo establecido por la ley. “Es una conversación que, sin desnaturalizar nuestros roles, facilita la interacción entre los actores que intervienen en el sistema de justicia penal, y contribuye al trabajo de todos desde una mirada holística”, detalló.
Las palabras de bienvenida a la actividad fueron pronunciadas por José Pérez Gómez, decano de la Escuela de Derecho de UNIBE, quien abogó por una reforma definitiva a la normativa procesal penal, a la que calificó como un verdadero reto.
Por su parte, el licenciado Ángel Brito Pujols, director de la Escuela Nacional de la Judicatura, destacó el Programa de Optimización del Proceso Penal que ejecuta el Poder Judicial en conjunto con los demás actores del sistema de justicia penal, cuya materia absorbe el 44 % de los recursos de este poder del Estado.
La actividad, realizada en el salón de actos de la Universidad Iberoamericana (UNIBE), contó con la participación como panelistas de la magistrada Kenya Romero; Jonathan Pérez, procurador fiscal adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa; el jurista Ramón Núñez y el abogado litigante Francisco Álvarez Martínez. El doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), fungió como moderador.
El Código Procesal Penal, establecido por la Ley núm. 76-02 —que sustituyó al viejo Código de Procedimiento Criminal—, entró en vigencia en septiembre de 2004 y cuenta ya con más de 20 años de funcionamiento. Fue modificado por la Ley 10-15, sin embargo, esta última fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en diciembre del pasado año, otorgando un plazo de un año para que se elabore una nueva normativa.
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