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Nueva York.- Una jueza federal suspendió temporalmente la aplicación de las disposiciones aprobadas en Nueva York que impedían a agentes ICE utilizar máscaras durante sus operativos y los obligaban a exhibir información de identificación, en una nueva confrontación judicial entre el estado y el Gobierno del presidente Donald Trump por la política migratoria.
La decisión fue adoptada por la jueza federal Mae D’Agostino, del Distrito Norte de Nueva York, quien concedió una orden judicial preliminar solicitada por el Gobierno federal mientras continúa el litigio sobre la constitucionalidad de las medidas estatales.
El conflicto se originó después de que Nueva York aprobara normas destinadas a aumentar la identificación y transparencia de los agentes que participan en operaciones migratorias. Entre las disposiciones figuraban restricciones al uso de coberturas faciales y requisitos para que determinados funcionarios mostraran información que permitiera reconocerlos durante sus actuaciones.
La administración federal acudió entonces a los tribunales con el argumento de que un estado no tiene autoridad para determinar cómo deben vestirse, identificarse o ejecutar sus funciones los agentes encargados de aplicar las leyes federales de inmigración.
Agentes ICE
En su decisión preliminar, D’Agostino consideró que el Gobierno estadounidense tiene probabilidades de prevalecer en ese argumento y señaló que las disposiciones sobre máscaras e identificación regulan directamente a funcionarios federales, lo que podría entrar en conflicto con la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos.
El fallo significa que, mientras continúa el proceso judicial, Nueva York no podrá aplicar esas restricciones contra los agentes ICE. En la práctica, los funcionarios podrán continuar utilizando coberturas faciales durante determinados operativos sin exponerse a las sanciones contempladas por la legislación estatal.
La controversia sobre las máscaras ha cobrado fuerza debido a la creciente presencia de agentes federales con el rostro cubierto durante operaciones migratorias. Quienes respaldan las restricciones argumentan que identificar claramente a los funcionarios favorece la rendición de cuentas y reduce la posibilidad de que residentes confundan a agentes legítimos con personas que se hacen pasar por autoridades.
El Gobierno federal, en cambio, ha defendido que las agencias estadounidenses deben conservar la capacidad de establecer sus propios protocolos operativos y de seguridad, sin que los estados impongan condiciones adicionales a sus funcionarios.
Agentes ICE y 287(g)
La decisión judicial, sin embargo, no representó una victoria completa para Washington. La magistrada permitió que continúe vigente otra iniciativa de Nueva York destinada a impedir determinados acuerdos conocidos como 287(g), mediante los cuales agencias policiales estatales o locales pueden colaborar con ICE en tareas de aplicación de las leyes migratorias.
Esa prohibición entrará en vigor el 25 de agosto y afecta a jurisdicciones que mantienen este tipo de acuerdos. La jueza consideró que, a diferencia de las reglas dirigidas directamente a funcionarios federales, Nueva York sí posee autoridad para decidir cómo emplear sus propias agencias, personal y recursos públicos.
La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general estatal Letitia James expresaron su desacuerdo con la suspensión de las restricciones sobre máscaras. Ambas sostienen que los agentes con el rostro cubierto no contribuyen a mejorar la seguridad y adelantaron que sus oficinas estudian las alternativas legales disponibles para responder al fallo.
La resolución es preliminar, por lo que no pone fin al litigio ni determina definitivamente la constitucionalidad de las medidas. El proceso continuará mientras los tribunales establecen hasta dónde puede llegar un estado al regular la actuación de funcionarios federales dentro de su territorio.
El caso trasciende así la discusión sobre el uso de máscaras y plantea una disputa constitucional sobre los límites del poder estatal frente a la autoridad federal para ejecutar las políticas migratorias de Estados Unidos, un conflicto que también ha provocado batallas judiciales en otros estados.
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