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Los tres incumbentes de los Gobiernos de Abinader arrestados por supuesta corrupción

Los tres incumbentes de los Gobiernos de Abinader arrestados por supuesta corrupción

SANTO DOMINGO.- Con el arresto durante el fin de semana del pasado director del Seguro Nacional de Salud (SeNasa), Santiago Hazim, suman tres los extitulares de entidades estatales que han sido detenidos por las autoridades tras ser acusados de corrupción administrativa.

El primero de ellos fue el exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, detenido en junio del 2021, junto a otras nueve personas, acusados de un supuesto fraude millonario contra el Estado dominicano valorado en más de 500 millones de pesos y más de 5 millones de dólares.

Contra Maisichell Dicent fue dictado en año de prisión preventiva y se mantuvo bajo arresto hasta el 06 de marzo del 2023, cuando el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional lo declaró no culpable de los hechos que se le imputaban, en el caso denominado por el Ministerio Público como “Operación 13”.

El órgano acusador trataba de revertir ese veredicto mediante la presentación de un recurso de apelación, pero la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia absolutoria dictada a favor de Maisichel Dicent en marzo del 2024.

El segundo de estos exservidores públicos vinculados en caso de corrupción, fue el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, detenido el 02 de octubre del 2024 junto al empresario Jochi Gómez por su presunta vinculación a una red de corrupción dentro de la institución que presidía el primero.

Ocho días más tarde la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra los imputados, la cual debían cumplir en la cárcel de Najayo.

Sin embargo, apenas un mes y dos días posteriores les fue variada la medida a garantía económica de RD$ 5 millones por contrato, presentación periódica e impedimento de salida sin previa autorización judicial.

Este caso, denominado “Operación Camaleón”, se mantiene vigente en los tribunales y el pasado 27 de octubre el Ministerio Público depositó acusación formal en contra de los encartados, a los que acusa de terrorismo, corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, falsificación y delitos de al¬ta tecnología.

El expediente fue depositado ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional contra diez personas físicas y siete empresas vinculadas a una supuesta red de corrupción adminis¬trativa y lavado de activos.

Por los delitos que se le acusan, pudieran recibir penas entre 30 a 40 años de prisión.

La acusación de Santiago Hazim

El doctor Santiago Hazim, quien presidió el SeNasa de agosto del 2020 hasta agosto del 2025, quedó detenido el pasado sábado, luego de presentarse junto a su abogado Miguel Valerio a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde fue interrogado por más de cuatro horas en torno a las supuestas irregularidades que se habrían cometido durante su gestión en SeNasa.

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Junto a Hazim fueron detenidas otras siete personas en una operación que el Ministerio Público ha denominado la «Operación Cobra», con la cual inicia un proceso de judicialización que busca sanciones penales y el decomiso del dinero que habría sustraído al patrimonio público a través de la citada institución.

Los demás detenidos son Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

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Entre otros delitos, al grupo se le imputan cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Desde la madrugada del domingo se mantienen en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y se espera que le sean presentadas medidas de coerción durante el transcurso de este lunes, cuando se cumplen las 48 horas establecidas por la ley.