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SANTO DOMINGO. – El ministro de Hacienda, Magín J. Díaz, destacó este martes que en el año 2017 alrededor de un 10 % de los asalariados pagaron impuesto sobre la renta, como parte de un proceso para aumentar la base de dicho tributo.
Díaz indicó que ha sostenido conversaciones con distintos gremios sobre la posibilidad de discutir una reforma amplia, pero advirtió que no se pueden tomar medidas aisladas.
“Yo estaría de acuerdo con una indexación parcial siempre y cuando no se ponga en juego la estabilidad de la finanza pública, que es lo importante”, expresó el economista a través de un video en la actividad de la misa solemne y el discurso del gobernador Héctor Valdez Albizu.
El funcionario resaltó que tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad macroeconómica y un déficit fiscal prudente.
“Estamos abiertos a escuchar propuestas, pero de hacerlo de golpe el gobierno perdería mucho dinero y eso pone en riesgo la meta de deuda y de déficit fiscal”, sostuvo.
Sobre una eventual reforma fiscal, explicó que hasta el momento no ha discutido el tema con el presidente de la República.
“Me he reunido con más de 50 gremios para escuchar sus inquietudes, pero a la fecha no he hablado de la reforma con el presidente”, aseguró.
Díaz señaló que actualmente el Gobierno está enfocado en la modificación presupuestaria para aumentar el gasto de capital, el presupuesto del próximo año, el plan de financiamiento y en la búsqueda de recursos para enfrentar los daños causados por la reciente tormenta.
“El gobierno tiene liquidez y la ley de presupuesto permite aumentar las apropiaciones de gasto en caso de calamidad pública. Este es el caso, es un desastre natural, y el gobierno tiene dinero para hacerle frente a los gastos que surjan”, afirmó.
Al referirse a las medidas tomadas durante la pandemia del COVID-19, el ministro consideró que las paralizaciones fueron necesarias y dieron sus frutos.
“El gobierno actuó correctamente; en ese momento lo que había que hacer era salvar vidas, luego nos preocupamos por el crecimiento económico”, dijo.
Asimismo, explicó que la ley orgánica y la ley anual de presupuesto contemplan un aumento de hasta 0.5 % del PIB en las apropiaciones de gasto en caso de un desastre natural declarado de emergencia.
“Tenemos el espacio presupuestario y los recursos para enfrentar el desastre natural que pasamos”, indicó, agregando que las instituciones competentes están evaluando los daños y que el presidente determinará si es necesario declarar el estado de emergencia.
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