InfoexpressSanto Domingo.– La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) informó que recurrirá en apelación una decisión judicial que ordena al Ministerio Público pagar más de RD$7.5 millones por un aparato telefónico ocupado a un imputado en el proceso por corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras, Jochi Gómez y otros acusados.
El órgano acusador adelantó que la decisión contiene graves vicios procesales y fue emitida a favor de Juan Francisco Álvarez Carbuccia, pese a que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ya no estaba apoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025.
Según explicó la Pepca, en esa fecha el expediente pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal que conoció la audiencia preliminar y posteriormente dictó auto de apertura a juicio.
Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado señalaron que la magistrada habría incurrido en una desnaturalización de la figura de la astreinte al fijar una suma que, según sostienen, resulta desproporcionada y pretende convertirse en una indemnización a favor de un imputado por corrupción.
“Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación”, informó Pérez, quien recordó que el proceso en el que figura Álvarez Carbuccia será conocido por el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, con audiencia fijada para el próximo 11 de agosto.
El representante del Ministerio Público agregó que el tribunal actualmente apoderado del caso tampoco tendría competencia para conocer la reclamación relacionada con el equipo telefónico, debido a que no se trata de una jurisdicción administrativa.
La decisión judicial establece el pago de RD$7,560,000.00 a favor de Álvarez Carbuccia por concepto de liquidación de una astreinte relacionada con varios bienes que ya fueron entregados al imputado. El reclamo también incluye un teléfono marca Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda los RD$3,000.
Álvarez Carbuccia figura como imputado en el caso en el que Hugo Beras facilitó, mientras estuvo dirigiendo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), adjudicaciones fraudulentas a empresas sin capacidad técnica y participó en la manipulación de la red semafórica y del sistema de videovigilancia, según establece la acusación.
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En tanto que José Ángel Gómez Canaán es señalado como beneficiario de contratos fraudulentos con Transcore Latam, Dekolor y PagoRD Xchange y responsable del control de sistemas semafóricos, videovigilancia y espionaje tecnológico, además del sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo.
El expediente establece que Juan Francisco Álvarez Carbuccia emitió certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria del Intrant.
Los demás son procesados por lavado de activos, testaferrato y sabotaje de la red semafórica, delitos de manipulación de licitaciones y decisiones del Comité de Compras para favorecer a empresas del esquema de corrupción, así como por facilitar el control técnico de la red semafórica y la falsificación de certificaciones.
Con relación a las personas jurídicas, la acusación establece que fueron utilizadas para contratos fraudulentos y control de la red semafórica, entre otros hechos ilícitos.
A petición del Ministerio Público, el grupo fue enviado a juicio el pasado 5 de junio acusado de incurrir en lavado de activos, desfalco, asociación de malhechores y de cometer estafa en perjuicio del Estado dominicano, además de sabotaje, robo de identidad, así como de incurrir en crímenes y delitos de alta tecnología y uso de documentos privados. También, fueron acusados por contrabando y violación a la Ley de Armas.
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