MP reitera contundencia de las 34 líneas de imputación contra Jean Alain Rodríguez y compartes

Santo Domingo.– El Ministerio Público reiteró la contundencia probatoria acumulada en las 34 líneas de imputación contenidas en la acusación por corrupción administrativa contra Jean Alain Rodríguez Sánchez y compartes.

El órgano de justicia sostuvo que las líneas de imputación documentan una estructura criminal organizada destinada a la depredación sistemática del patrimonio público, el lavado de activos y la instrumentalización de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la gestión de Rodríguez Sánchez.

Resaltó que el expediente contra el exfuncionario se consolida como uno de los casos con mayor cantidad de líneas de investigación en la historia del país, debido a la multiplicidad y gravedad de las acciones delictivas detectadas y documentadas por el Ministerio Público.

Recordó que en este expediente se imputa la sustracción y el desfalco de más de 6,000 millones de pesos al Estado dominicano, con una afectación directa al patrimonio público y al sistema de justicia.

“Bajo la dirección del principal acusado, Jean Alain Rodríguez Sánchez, se orquestó una conducta criminal planificada y sostenida”, afirmó el Ministerio Público.

“Utilizando la institucionalidad como instrumento, la red persiguió dos objetivos constantes: la acumulación de riqueza ilícita mediante la sustracción de fondos públicos y la construcción de una carrera política, llegando al extremo de destruir archivos institucionales”, añadió.

Líneas de investigación y acciones delictivas

El Ministerio Público recordó que la magnitud de los actos de corrupción se refleja en el número de líneas de investigación documentadas por los equipos de fiscales, las cuales abarcan desde extorsión y sobornos hasta sabotaje informático.

Recomendamos leer: Jean Alain Rodríguez intentó llegar a un acuerdo con el Ministerio Público, afirma Yeni Berenice

En ese sentido, enumeró las principales líneas de investigación integradas en la acusación:

1. Comité de Compras y Contrataciones: utilización del Comité de Compras y Contrataciones como instrumento para defraudar, desfalcar y apropiarse de fondos públicos, así como mecanismo de extorsión y manipulación de procesos. Según el expediente, se comprobó que decenas de actas del Comité eran falsas.
2. Estafa en el suministro de alimentos: contratación fraudulenta para proveer alimentos a recintos penitenciarios y centros de menores, afectando a más de 27,000 privados de libertad. El esquema habría operado mediante un entramado de empresas controladas por el acusado Rolando Rafael Sebelén, cuñado de Jean Alain Rodríguez Sánchez.
3. Maniobras fraudulentas con documentos: falsificación y superposición digital de firmas y sellos para simular actas de sesiones que nunca se celebraron.
4. Destrucción masiva de archivos: acciones sistemáticas de trituración de documentos públicos relacionados con compras ejecutadas en julio y agosto de 2020, con el objetivo de ocultar actos ilícitos.
5. Contratación fraudulenta del laboratorio de ADN (INACIF): esquema de falsedad y soborno que habría resultado en la adquisición de equipos inservibles, con pérdidas millonarias para el Estado.
6. Plan de Humanización: uso indebido del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario, incluido el CCR La Nueva Victoria, para captar sobornos millonarios y lavar activos a través de múltiples empresas contratistas. Según la acusación, las obras eran asignadas bajo la condición de entregar sumas millonarias, mediante empresas y pagos en efectivo.
7. Recepción de información privilegiada y pagos por bienes no entregados: presunto esquema utilizado para canalizar sobornos a través de las empresas AM Multigráfica y Soluciones Globales Pérez Mella.
8. Desfalco mediante boletos aéreos (Global Tours & Travel): adquisición de pasajes y hospedajes con fines personales y políticos, presuntamente encubiertos mediante facturas falsas.
9. Fraccionamiento de contrataciones con fines ilícitos para el cobro de sobornos: subdivisión sistemática de compras para favorecer a empresas específicas y evadir procesos de licitación pública.
10. Financiamiento ilícito de carrera política (CEI-RD y PGR): presunto desvío de presupuesto, nómina e instalaciones públicas para propaganda y proselitismo del Movimiento Político Renovación.
11. Lavado de activos a través de testaferros (sede del Movimiento Renovación): adquisición de la sede política mediante el uso de prestanombres y pagos en efectivo por US$1,268,500 para ocultar al beneficiario real.
12. Estructura de propaganda y acoso (“Granja de Bots”) financiada con dinero de la corrupción: creación de más de 18,000 cuentas falsas en redes sociales para promover tendencias políticas y ejecutar campañas de descrédito contra periodistas y líderes de opinión.
13. Pago masivo de “botellas” a cambio de la devolución de salarios: contratación de empleados que, según la acusación, eran obligados a devolver entre el 85 % y el 90 % de sus salarios para destinar esos fondos al financiamiento de la llamada “granja de bots”.
14. Contratación irregular de asesores internacionales (“Los Tequilas”): contratación irregular de asesores mexicanos, pagados mediante entregas en efectivo, transferencias internacionales y sobornos, con el propósito de fortalecer la carrera política del acusado.
15. Sustracción de fondos para el pago de asesores de Comunicación Pública, S.L.: presunto desvío de millones de pesos para consultorías políticas sin productos institucionales verificables.
16. Simulación de capacitaciones institucionales para encubrir pagos por asesoría de imagen y manejo de crisis política: esquema relacionado con la empresa Desarrollo, Individuo & Organización.
17. Desfalco y fraude en la subasta PSBI-01-2019 de bienes incautados: disposición irregular, tasación fraudulenta y retención ilegal de bienes incautados en beneficio del acusado, utilizando presuntamente a un testaferro.
18. Desfalco en la Unidad de Custodia de Bienes Incautados: presunto desfalco millonario mediante cheques emitidos sin fundamento y alteraciones de contratos días antes del cambio de gestión gubernamental.
19. Desvío de evidencias (armas de fuego): sustracción y uso irregular de armas incautadas que no habrían sido devueltas a la cadena de custodia oficial.
20. Asignación ilícita de bienes incautados: explotación para beneficio personal de inmuebles, vehículos y maquinarias decomisadas, mediante el uso de sociedades de carpeta.
21. Sobrevaluación en antropología forense: manipulación de informes técnicos para favorecer a suplidores en la compra ilícita de equipos para el INACIF con fondos de cooperación internacional.
22. Estafa en servicios de transporte: creación de múltiples contratos simulados de alquiler de vehículos para apropiarse de fondos públicos.
23. Creación de necesidades ficticias para monopolizar servicios de impresión y desviar decenas de millones de pesos: caso relacionado con ACBS Servicios S.R.L.
24. Recepción de sobornos (Displa y TRANSFA): presunta estructura de extorsión a proveedores a cambio de adjudicaciones y liberación de pagos retenidos.
25. Desvío y sustracción de materiales: sustracción de materiales de construcción adquiridos institucionalmente para ser utilizados en propiedades privadas.
26. Desvío y uso ilícito de bloqueadores de señal (antidrones): compra irregular de equipos de seguridad con fondos públicos para su uso en eventos políticos y posterior sustracción en beneficio del patrimonio personal.
27. Maquinaria de soborno y estafa: presunto uso de recursos de la institución para exigir el pago de sobornos de manera compulsiva, en algunos casos mediante amenazas y chantajes contra beneficiarios de adjudicaciones fraudulentas.
28. Fraude inmobiliario: sobrevaloración millonaria en la compraventa de un solar, cuyos fondos presuntamente ilícitos fueron utilizados para adquirir un apartamento privado.
29. Sabotaje informático y borrado de bases de datos: eliminación de bases de datos, uso de software de espionaje, ataques de ransomware simulados y desvío de contrataciones tecnológicas.
30. Adquisición y equipamiento fraudulento de una villa en Casa de Campo y un yate: presunta utilización de dinero proveniente de sobornos para la adquisición y equipamiento de ambos bienes.
31. Destrucción e intento de destrucción de miles de documentos y pruebas: acciones presuntamente dirigidas a evitar la persecución y favorecer a organizaciones criminales.
32. Adquisición y equipamiento fraudulento de un local para oficina: operación por un monto superior a los 60 millones de pesos (RD$60,000,000.00).
33. Declaración jurada y enriquecimiento ilícito: presunto ocultamiento de patrimonio, incluidos yates, inmuebles y obras de arte, así como sobrevaloración de activos para justificar un enriquecimiento desproporcionado.
34. Lavado de activos corporativos: utilización de decenas de sociedades fachada e inoperantes para legitimar recursos presuntamente ilícitos derivados de actos de corrupción.

Finalmente, el Ministerio Público reiteró su compromiso de procurar sanciones ante los tribunales contra esta red, a la que atribuye un daño institucional, económico y moral al Estado dominicano, así como su deber constitucional de procurar la recuperación del patrimonio presuntamente sustraído.