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La REFORMAR dota al Secretario de Estado y al Departamento del Tesoro de nuevas atribuciones. Ambos podrán identificar cualquier otro sector económico para la imposición de sanciones, lo que amplía el margen de maniobra del Ejecutivo.
La lista de conductas sancionables también se amplía e incluye la “persecución por el ejercicio de la libertad religiosa, las condenas por motivos políticos contra actores democráticos, miembros de la sociedad civil o de organizaciones independientes y la provisión de apoyos significativos relacionados con Rusia e Irán”.
En palabras de Chamorro, “el Instituto de Previsión Militar, el sistema de seguridad social del ejército, se incorpora en esta nueva ley expresamente en la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de las fuerzas armadas. Esto es claramente un mensaje al ejército”. Así, la estructura financiera de las Fuerzas Armadas nicaragüenses queda bajo la supervisión y potencial sanción directa de Estados Unidos.
La ley también prevé nuevos mecanismos de supervisión y exige informes periódicos del Ejecutivo sobre la implementación y eficacia de las sanciones. Este seguimiento incluye “una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua”, puntualizó Chamorro.
“La ley viene a fortalecer, desde el punto de vista del Congreso, con una iniciativa bipartidista, todas las acciones que el Ejecutivo decida tomar en un futuro cercano”, indicó Chamorro.
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