Naciones Unidas.- La misión de verificación de la ONU en Colombia instó este miércoles a las nuevas autoridades del país a que aceleren la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, insistiendo en que es necesario «combinar medidas de seguridad con una mayor presencia del Estado y políticas de construcción de paz» ante «la persistencia de la violencia en varias regiones».
En una sesión del Consejo de Seguridad, el representante especial del secretario general para Colombia, Miroslav Jenča, felicitó al país por el desarrollo «pacífico y ordenado» de las recientes elecciones presidenciales que ganó Abelardo de la Espriella.
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Jenča señaló que el próximo Gobierno será el tercero elegido desde la firma del acuerdo de paz y heredará «tanto la responsabilidad como la oportunidad de culminar su implementación».
«Aunque queda mucho por hacer para alcanzar plenamente los objetivos, el acuerdo sentó las bases esenciales para una paz duradera y su aplicación continuada, e incluso acelerada, sigue siendo fundamental para el presente y el futuro de Colombia», afirmó.
El jefe de la misión expresó, no obstante, su preocupación por «el aumento de la polarización política», y lamentó la suspensión del proceso de transición entre el Gobierno saliente y el entrante.
Además, reiteró el llamamiento del secretario general de la ONU, António Guterres, para que los líderes políticos actúen «con responsabilidad» y «reduzcan la tensión mediante el diálogo».

En materia de seguridad, el diplomático eslovaco aseguró que hay «preocupación ciudadana ante la expansión de grupos armados ilegales» y admitió que las iniciativas recientes de diálogo con esas organizaciones han tenido «resultados limitados».
Asimismo, subrayó que los problemas de seguridad tienen «raíces estructurales» que requieren «respuestas integrales contempladas en el acuerdo de paz».
Según el representante, regiones como Catatumbo y Cauca siguen sufriendo una intensa violencia debido a la disputa entre grupos armados por el control de rutas estratégicas y economías ilícitas, una situación «agravada por la escasa presencia estatal».
Jenča también denunció amenazas contra la población civil, reclutamiento de menores, secuestros y desplazamientos forzados, y pidió la liberación de ocho personas retenidas presuntamente por la guerrilla del ELN en el departamento del Cauca.
Además, reclamó mayores garantías de seguridad para los más de 11.000 excombatientes de las FARC que permanecen vinculados al proceso de reincorporación y defendió acelerar la reforma rural prevista en el acuerdo, al considerar que «el acceso a la tierra y el desarrollo económico de las zonas más afectadas por el conflicto son esenciales para evitar el resurgimiento de la violencia».
Por último, Jenča recordó que este año se cumple el décimo aniversario del acuerdo de paz, un hito que, afirmó, «debe servir para consolidar los avances alcanzados y acelerar la aplicación de los compromisos pendientes».


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